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viernes, junio 25, 2021
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Debilidad en los derechos fundamentales

Justicia, verdad, democracia, libertad, derechos, solidaridad y otros principios fundamentales se están convirtiendo en nuestro país en palabras huecas sin sentido, alejadas de sus conceptos y valores esenciales, debido a una manipulación política, al abuso del poder y a un retroceso en la institucionalidad encargada de velar por el ordenamiento legal. Nuevamente se presenta un conflicto de poderes producto del permanente manseo de la justicia y su sometimiento al poder político.

El ministro de Justicia Iván Lima amenazó con un juicio de responsabilidades contra el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Olvis Egüez y otros magistrados que posesionaron el viernes en Sucre a 19 vocales de siete tribunales departamentales de justicia, defendiendo la independencia judicial. La Constitución Política del Estado determina la separación de poderes y la independencia de los Órganos del Estado, así como la coordinación que debería existir. Pero coordinación no significa subordinación de un poder a otro. El gobierno, acostumbrado a manejar la justicia y las designaciones, utiliza el control que ejerce para interferir.

La Sala Constitucional Primera de La Paz emitió una medida cautelar y fijó audiencia para el próximo miércoles para resolver una Acción de Cumplimiento interpuesta por un parlamentario del MAS, para frenar la designación de autoridades judiciales. Se argumenta que en el proceso de selección de vocales no se habría cumplido algunos criterios paridad y equidad en la conformación de los tribunales. El ministro de Justicia sostuvo que en la audiencia se demostrará que no se respetaron los criterios de meritocracia, antecedentes y requisitos para las designaciones. Habría que preguntarle al gobierno si cumple esos requisitos que reclama.

Según el ministro Iván Lima, una sentencia constitucional ha dejado sin efecto la convocatoria pública para la designación de vocales y jueces, y que el TSJ hizo caso omiso de dicha decisión que tiene carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio. Explicó que como consecuencia de esa sentencia el consejo de la magistratura no debía llevar adelante el proceso de selección y designación de autoridades. La preocupación del gobierno por el sistema judicial mueve necesariamente a una reflexión. Es evidente que la enorme carga de irregularidades en el sistema judicial, dan pie para desconfiar, pero existe un principio que hace jurisprudencia y permite considerar que nadie es culpable hasta que se pruebe lo contrario. Es decir que se debe presumir la inocencia, pero aquí se dan por hecho situaciones irregulares, y se actúa sobre esa base. Igualmente se hace sospechosa la apresurada intervención oficiosa del gobierno y del MAS, después de haber anunciado una reestructuración de la justicia y haber retrocedido señalando que no era un tema urgente.

El TSJ procedió a la designación de 42 vocales pese a la sentencia 170/2021 del 26 de mayo de 2021, que notificó a dicha instancia para que se deje sin efecto la convocatoria pública para la designación de vocales y todas las convocatorias públicas ulteriores que se hubieran producido, debido a irregularidades detectadas. Esta situación enfrenta al gobierno, al MAS como partido y a la Asamblea Legislativa con una justicia dividida entre oficialistas subordinados, y los que buscan que se respete a la autonomía jurisdiccional, que probablemente son los menos.

Sin duda, la institucionalidad está en crisis y sus principales expresiones de deterioro se reflejan en la corrupción, en las ilegalidades, en el irrespeto a la Constitución Política del Estado, en la desaparición de la separación de poderes, en la impunidad y la creciente desconfianza y frustración de la ciudadanía. Pocos se sorprenden ya en la actual situación por las irregularidades en el manejo de la justicia, o la forma cómo el poder político se impone y convierte a la justicia en un brazo de represión política, que en este momento sostiene una serie de causas, la mayoría sin base legal y basados en apreciaciones subjetivas, y odio político que se traduce en una persecución que ya llamó la atención y motivó reclamo de organismos internacionales.

Para nadie es un secreto que la desconfianza se generaliza hacia gran parte del sistema. No es solamente el gobierno central sobre el que se acumulan las interrogantes. El ciudadano desconfía de las gobernaciones, municipios, del Órgano Legislativo, del Órgano Electoral y de la Justicia, que perdió su precaria independencia, y hace que se vea a los tribunales como un apéndice del poder central. Instituciones que deberían ser las columnas fundamentales en las que se apoye el pueblo, como la policía y las Fuerzas Armadas, nuevamente se muestran politizadas y carentes de credibilidad

La desconfianza ciudadana tiene sus cimientos en la realidad donde impera la inseguridad y la violencia; el desempleo, la intolerancia, y la corrupción; y el doble rasero de los gobernantes de «ver la paja en el ojo ajeno, pero no la viga en el propio». En todos los círculos de debate y análisis se expresa frustración por el rumbo que toma el país. Los estudiantes en las universidades saben que al egresar tendrán problemas para encontrar trabajo. La mira sigue dirigiéndose a emigrar a otros países, pese a la pandemia, la crisis internacional y el drama de los migrantes. Al obscurecerse la vigencia de principios como la libertad y los derechos fundamentales se frustra, a su vez, la esperanza en el presente y el futuro.

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