La justicia declaró este lunes «rebelde» a un exministro del Gobierno de la expresidenta interina Jeanine Áñez, al que se le acusa por terrorismo en el caso llamado «golpe de Estado I», por la crisis política y social de 2019.
Luego de valorar los argumentos de la Fiscalía, el juez «ha determinado declarar rebelde» al exministro de Defensa Luis Fernando López Julio, señaló a Efe el abogado Víctor Nina, que representa a la exdiputada Lidia Patty, denunciante del proceso.
Durante la audiencia que se celebró en el Tribunal de Justicia de La Paz «no se ha hecho presente» el acusado, por lo que se justificó la declaratoria de rebeldía aplicable cuando «sin causa justificada» se ausenta la parte imputada, precisó el jurista.
Entre las acciones que solicitó la parte acusadora están medidas como el arraigo y la emisión de la orden de aprehensión.
Inicialmente se dijo que López Julio dejó el país antes de que Luis Arce asumiera la Presidencia en noviembre de 2020, aunque recién en julio del año pasado la Policía confirmó que el exministro estaba en Brasil.
Base de la acusación
Nina mencionó que la razón por la que se incluye a López Julio en el proceso se basa en una grabación en la que el entonces líder cívico de Santa Cruz y ahora gobernador de ese departamento, Luis Fernando Camacho, habla de un acuerdo con policías y militares para presionar a Evo Morales y lograr su renuncia, en el que el acusado fue clave.
En esa grabación se hace mención a la acción de López Julio para establecer esos acuerdos y «casualmente» termina como ministro de Defensa en la gestión de Áñez, aseguró Nina.
El abogado aseveró que lo que sigue es que el caso continúe en rebeldía y que el juez ahora ordene que al exministro se le asigne un abogado de defensa pública.
En noviembre de 2020, la exlegisladora Patty presentó una denuncia por los delitos de terrorismo, sedición y conspiración en el caso que se conoce como «golpe de Estado I».
En este proceso se consideró que la renuncia de Morales a la Presidencia se debió a una ruptura constitucional y no a las protestas que denunciaron un fraude en los comicios frustrados de 2019.
Entre los principales acusados estuvieron Camacho, sobre el cual la Fiscalía no ha emitido ninguna acción hasta ahora, su padre José Luis Camacho Parada, exjefes militares y policiales.
En una ampliación de esa denuncia se incluyó a la expresidenta interina Áñez y otros dos de sus exministros, quienes están detenidos desde marzo de 2021.
En marzo pasado, el Tribunal Constitucional declaró que el delito de sedición «queda expulsado del ordenamiento jurídico boliviano» por lo que el caso «golpe de Estado I» ahora se basa únicamente en la acusación por terrorismo.
Al margen de este caso se abrió el proceso llamado «golpe de Estado II» bajo las figuras penales de resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de deberes, por el que la exmandataria Áñez fue condenada a 10 años de prisión.
Según la sentencia, Áñez se «autoproclamó» presidenta siendo segunda vicepresidenta del Senado y se colocó ilegalmente en cadena de sucesión constitucional tras la renuncia de Morales, su vicepresidente y las cabezas de la Cámara Alta y Baja, aunque su defensa argumentó que en realidad hubo un «vacío de poder».