La defensa de la expresidenta interina Jeanine Áñez presentó un recurso de enmienda a una resolución del Tribunal Constitucional (TC) y prepara más acciones para objetar la legalidad del juicio denominado «golpe de Estado II», por los hechos de la crisis política de 2019.
«Hemos interpuesto una solicitud de complementación, explicación y enmienda», dijo el abogado Luis Guillén en una rueda de prensa en La Paz junto a otros juristas que patrocinan a la exjefa de Estado.
Este último recurso objeta la resolución del Constitucional que la semana pasada formalizó el rechazo de un incidente de inconstitucionalidad que presentaron los abogados de Áñez y que terminó por paralizar momentáneamente el juicio a principios de mes.
Guillén dijo que esta acción se presentó por la mañana en Sucre, sede del poder judicial, para refrendar el recurso presentado en primera instancia en el que se considera que «hay un error en la tipificación de delitos» por los que se acusa a Áñez.
El juicio contra Áñez se desarrolla por delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contra la Constitución y debía reinstalarse en estos días luego de conocerse la determinación del Constitucional.
Esta semana «no debería reanudarse el juicio», remarcó Guillén.
A su turno, la abogada Norka Cuéllar adelantó que tras la presentación de la solicitud de enmienda «existe un otro recurso» que es «perfectamente legal» y que dio a entender se utilizará para objetar el proceso.
Los abogados de Áñez argumentaron que el proceso contra su defendida «está totalmente dirigido», que el TC es objeto de «presión política» y que existe una supuesta instructiva del Gobierno del presidente Luis Arce para que ella «sea condenada en el menor tiempo posible».
Al propósito de estos recursos, el Ministerio de Justicia aseguró que el objetivo de los abogados de Áñez es «dilatar la causa» mediante el uso de acciones que tienen el objeto impedir que se dicte una sentencia.
El caso «golpe de Estado II» se basa en la acusación de que Áñez asumió ilegalmente la Presidencia del país al vulnerar el reglamento del Senado y que lo que debía realizar era, después de la renuncia del entonces presidente Evo Morales, el vicepresidente, y las cabezas de la Cámara de Senadores y de Diputados, convocar a una sesión para elegir nuevas directivas.
A juicio del Gobierno y del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), la Presidencia debió recaer sobre un legislador de este último y no en Áñez, quien aseguró que tomó el mando del país al existir un vacío de poder.
Por este hecho, la Fiscalía pidió la «pena máxima» que ordenan las leyes que es de 12 años en el caso del delito de resoluciones contra la Constitución.
La ex jefa de Estado interina está detenida desde marzo del año pasado inicialmente por el caso «golpe de Estado I» por acusaciones de terrorismo, sedición y conspiración que sirvieron para mantenerla recluida durante 6 meses.
Luego se abrió la causa llamada «golpe de Estado II» que amplió esa detención por un tiempo similar y que es el caso por el que finalmente es procesada.
El juicio comenzó a principios de abril, tras un par de aplazamientos debido a las crisis de salud que presentó Áñez o algunos recursos que planteó su defensa por observaciones a los procedimientos jurídicos.