El desarrollo regional es importante no solamente por la necesidad de atender a la población y elevar su calidad de vida, sino porque el avance de la ciencia, tecnología y opciones de producción invaden ineluctablemente hasta los más recónditos espacios del planeta, muchas veces sin meditar en la necesidad de su conservación. Es el caso de la Amazonía que en este momento está bajo la mira de proyectos viales, represas e hidrovías, impulsados por instituciones y por gobiernos regionales y locales. Pero una coalición regional de instituciones entre las que figura CEDLA, ha desarrollado por más de 5 años, con el apoyo de la Rainforest Norway, acciones dirigidas a demandar el cumplimiento de las salvaguardas socio ambientales.
Precisamente con esta idea se ha efectuado un seminario internacional en Bogotá. El Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), junto a expertos de tres instituciones similares de Perú, Brasil y Colombia, participó del evento e informó de los avances, retos y propuestas frente a la gestión social y ambiental de la infraestructura en la cuenca amazónica. El evento reunió a líderes y actores de los cuatro países con especialistas de la Coalición Regional por la Transparencia y la Participación, Derecho Ambiente y Recursos Naturales (DAR) de Perú, CONECTAS y Derechos Humanos de Brasil, y la Asociación Ambiente y Sociedad de Colombia
CEDLA informó que en los últimos años la región amazónica conjuga una serie de proyectos viales, represas, hidrovías definidos a nivel nacional, e intergubernamental, en espacios como la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA), desarrollada por el Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento (COSIPLAN) en la Unión de Naciones Suramericanas, (UNASUR)
Al mismo tiempo aparece una infraestructura pequeña, pero en mayor número, impulsada desde los gobiernos regionales, y locales. Ambas responden a un modelo económico basado en los sectores extractivos, ganadero, forestal, y agroindustrial. De acuerdo con los auspiciadores del evento, estos dos tipos de obras son causa de cambios en el bosque natural y deforestación, además del avance de la frontera agrícola y extractiva.
CEDLA plantea la necesidad de que se cumpla la aplicación de los instrumentos de gestión ambiental, y de planificación territorial y ambiental; del derecho a la consulta previa, libre e informada; de la normatividad en materia de transparencia, derecho a la información; e incidencia frente a gobiernos y entes financieros para mitigar los impactos sociales sobre comunidades indígenas, y campesinas que allí habitan.
Sobre la base del trabajo de organizaciones no gubernamentales y aquellas que agrupan a campesinos y pueblos indígenas, desde la sociedad civil se plantean interrogantes sobre cuáles son los desafíos ambientales y sociales que se generan a partir de estos tipos de infraestructura, o cuál es el rol de la sociedad civil, de los campesinos, y de los pueblos indígenas en la planificación, desarrollo, y seguimiento de estos proyectos.
Las organizaciones comprometidas en estas acciones registran entre sus ejes de trabajo, la promoción de la transparencia, la participación ciudadana a nivel de gobiernos locales y nacionales —así como en los diversos procesos de integración regional y en organismos financieros multilaterales— en pro de la consolidación de un desarrollo sostenible y una gobernanza regional.