Uno de los más tristes retrocesos en los derechos ciudadanos, ha sido la distorsión de las funciones de la Defensoría del Pueblo, organismo que debiera ser independiente para poder ejercer la defensa de los derechos civiles, derechos humanos y velar por las garantías constitucionales.
La Constitución Política del Estado manda que «La Defensoría del Pueblo, velará por la vigencia, promoción, difusión y cumplimiento de los derechos humanos, individuales y colectivos que se establecen en la Constitución, las leyes y los instrumentos internacionales»… Este organismo tiene autonomía y no debería recibir instrucciones de ningún Órgano del Estado.
Entre sus atribuciones, figura expresamente investigar de oficio o a solicitud de parte, los actos u omisiones que impliquen violación de los derechos individuales y colectivos. Anualmente, la Defensoría debe informar a la Asamblea Legislativa y al Control Social sobre la situación de los derechos humanos en el país y sobre su gestión. Solamente la Asamblea Legislativa, o el Control Social, pueden convocar al Defensor para rendir informe sobre el ejercicio de sus funciones, según el Art 224 de la CPE.
Desgraciadamente, durante los últimos años -de hace catorce años- esta entidad ha sido manejada con un criterio partidario militante, alejándose de los fundamentos de su creación, para convertirse en un apéndice político y núcleo de traición a los intereses de los ciudadanos.
Durante el anterior régimen, de Evo Morales, la defensoría se ocupó de operar como protectoria del gobierno y de un partido político, intentando justificar violaciones a los derechos humanos, además de sumarse a los abusos y atropellos contra los indígenas.
De concebirse como baluarte de los derechos ciudadanos la Defensoría trastocó su labor hacia la protección de la impunidad. El vuelco de su función se dio con la designación de David Tezanos Pinto como Defensor del Pueblo por la mayoría del MAS en la Asamblea Legislativa, en mayo de 2016. Desde ese momento se cambió la tesis del organismo, y en un anuncio insólito «el exdefensor dijo que debe defender al gobierno». Nada hizo en defensa de los indígenas del TIPNIS que fueron atacados por las fuerzas del orden del régimen del MAS durante la gestión del exministro de gobierno Sacha Llorenti.
Los indígenas fueron apresados, golpeados, amordazados y humillados cuando cumplían una marcha exigiendo respeto a su hábitat. Posteriormente Tezanos Pinto tuvo que renunciar por un escándalo intrafamiliar, acusado por su esposa de violencia sexual y psicológica. Interinamente en enero del año pasado y por un lapso de 90 días, fue designada Nadia Cruz. En ese momento, se dijo que a la brevedad posible se realizaría la selección para la designación del Defensor del Pueblo titular. Desgraciadamente los parlamentarios olvidaron su compromiso y esa persona sigue en el cargo ilegalmente ya que se cumplió el tiempo de su interinato el 30 de abril de 2019. El diputado de Unidad Demócrata (UD), Amilcar Barral presentó al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) un recurso de nulidad contra el mandato de Nadia Cruz, además de una denuncia penal por usurpación de funciones. La labor de esta funcionaria se ha caracterizado por su obsecuencia hacia el anterior gobierno del MAS, ignorando todos los excesos contra políticos de la oposición, contra los indígenas, y las transgresiones constitucionales. Pero ahora utiliza el cargo para observar la actuación de la policía y los militares contra personas que incumplen las normas dirigidas a contener el coronavirus.
El viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría, calificó de político el accionar por parte de la Defensoría del Pueblo al interponer un recurso de acción de libertad en el Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) La Paz favorable a más de 470 personas que no cumplieron la cuarentena.
La actitud de la Defensora a.i. constituye grave atentado contra la salud de la población que en este momento enfrenta una de las epidemias más letales que se haya conocido. La fidelidad a la Ley, es un asunto que no solamente atañe a los bolivianos, sino a la comunidad internacional en función de tratados y normas internacionales, entre ellas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
En este momento, la ONU y la OMS consideran como prioridad defender a la humanidad del virus COVID-19, pero la Defensora interina Nadia Cruz va en contra de ese llamado incurriendo en resistencia a normas internacionales y a la convocatoria de organismos mundiales.
El no priorizar la defensa de la salud publica de todos los bolivianos y por el contrario constituirse en defensora de quienes violaron el decreto de cuarentena, muchos en estado de ebriedad, o de autorizar y concurrir a festejos, como el Alcalde de Patacamaya, constituye delito penal, por lo que -según pedido de dirigentes cívicos de Cochabamba- el ministerio público debe iniciar de oficio acción penal.