El asesinato de Paulina Cruz cuando iba a buscar a su hijo al colegio ha vuelto a poner de actualidad una vieja realidad que no mejora en Guatemala: la criminalización, la violencia y la estigmatización que sufren a diario los defensores de derechos humanos, que vuelven a estar en el punto de mira.
Esta situación no es nueva. Pero el homicidio denunciado este miércoles de Paulina, junto al de Diana Isabel Juárez a principios de este mes y el de Marvin Yovani Ramos el 28 de agosto, han colocado en boga una realidad oculta año tras año que padecen aquellos que ejercen el derecho a defender derechos.
- Una vuelta al pasado
Esta espiral de violencia, que se ha endurecido desde septiembre del año pasado, coloca a los activistas en un peligro «similar» al que se vivía en la década de los 70 o en el proceso de democratización de finales de los 80 por la «acción y omisión del Estado».
Así lo reconoce a Efe la coordinadora de la Unidad de Protección Defensores de Derechos Humanos de Guatemala, Claudia Samayoa, quien asegura que hay «terrorismo, persecución y criminalización» contra los activistas, los jueces y los periodistas para «cerrar espacios a la sociedad civil».
Pero no es igual a la época de la guerra, cuando Guatemala vivió durante 36 años (1960-1996) un sangriento conflicto armado, porque a su juicio no existe «un movimiento armado» o una «vía violenta» de la sociedad, que sigue mostrando un «espíritu» y un compromiso.
Aún así, sí se ha retrocedido en «un montón de espacios» en la lucha contra la impunidad porque hay «un poder» que quiere regresar al pasado.
- El derecho a defender en datos
El informe de la Procuraduría de los Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos publicado este año señala que cada dos semanas asesinan a un activista, que sigue siendo víctima de actos de violencia, discriminación o discursos de odio pese a su papel fundamental en la construcción y consolidación de la democracia y el Estado de Derecho.
La Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala registró en 2017 493 ataques y agresiones de distinta índole contra este colectivo, incluidos 13 asesinatos, mientras que en 2018 hubo 391 ataques y 26 homicidios.
Y este año, con el de Paulina, al menos 13 defensores han sido asesinados con el objetivo de «detener su trabajo y el de su entorno», un número «altamente elevado» que para Samayoa es «preocupante» porque muestra cómo hay «grupos armados y cuerpos ilegales» que se benefician del «beneplácito del Estado a través de la inacción».
- El odio y la impunidad: Los detonantes
Y tal y como han hecho varias organizaciones en los últimos meses, la defensora asegura que los discursos de odio en contra de este colectivo, como los realizados por el presidente Jimmy Morales, son el detonador de esta ola de violencia.
Pero Adeline Neau, la investigadora de Amnistía Internacional encargada del país centroamericano, advierte de otro más: la impunidad, porque «casi la totalidad» de los ataques a los activistas está sin esclarecer y esto propicia que «continúen los actos de violencia» sin que los autores se sientan «preocupados» por las consecuencias.
Además, después de la salida de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), el Ministerio Público tiene la obligación de defender e implementar un sistema de investigación «eficaz» ante el debilitamiento del proceso para que se deje de perpetuar el círculo: «más agresiones, más impunidad».
- La salida
Aunque esta situación no es nueva y ser defensor de derechos humanos en Guatemala ha supuesto enfrentar «un sinfín de violencia, amenazas, ataques, asesinatos, estigmatizaciones o denuncias», Neau admite que la organización tiene «mucha preocupación» por el incremento de las agresiones, una situación «intolerable» para la que pide acciones.
Y por ello reitera dos llamamientos básicos a las autoridades: «la obligación» de proteger a las personas defensoras y evitar el discurso de estigmatización que «propicia y agrava un aumento de la represión», y hacer una investigación pronta y cumplida de todos los crímenes para dar con los autores materiales e intelectuales.
Y todo porque el deterioro de la situación de las personas defensoras de derechos humanos y de la libertad de expresión, junto a la salida de la Cicig y el debilitamiento de las instituciones de justicia y de derechos humanos, favorecen que las estructuras criminales puedan continuar violando la ley en toda impunidad.
- Poca esperanza ante la limpieza
Samayoa, quien lleva la mayor parte de su vida defendiendo los derechos humanos, tiene poca esperanza de que la situación cambie con el próximo Gobierno, que asumirá el próximo 14 de enero el centroderechista Alejandro Giammattei, porque también ha tenido un «discurso de odio y fundamentalista» en contra de los activistas.
«Ese discurso del odio (…) nos tiene muy preocupados. Son signos de que la situación no solo no puede mejorar, sino empeorar con un discurso antiderechos humanos», proclama, y añade que hay la «hipótesis» de que el incremento de asesinatos en los últimos meses está relacionado con el proceso de transición para «dejarle la mesa limpia al próximo Gobierno».
Esto para «acallar las voces» de todos aquellos que se oponen a la actividad de grandes empresas trasnacionales o mineras por sus efectos devastadores en el medioambiente levantando un «fundamentalismo religioso cristiano» que considera a la autoridad ancestral o guía espiritual como «brujo».