La Defensoría del Pueblo informó este jueves que investiga el caso del activista cubano Magdiel Jorge Castro, quien denunció que fue expulsado del país por alterar el «orden público» por una serie de tuits contra el Gobierno de Cuba.
La entidad señaló en un comunicado que registró el caso de Castro a principios de esta semana y que le dio orientación para solicitar la revocatoria de la resolución de la Dirección General de Migración sobre su expulsión.
«La institución Defensorial orientó al ciudadano cubano que, ante dicha decisión administrativa, podría interponer un recurso de revocatoria en un plazo de tres días luego de notificada la misma y, posteriormente, podría iniciar otro recurso por la vía jerárquica», señaló.
También indicó que en la víspera envió a Migración un «Requerimiento de Información Escrito» para verificar una «posible vulneración de derechos humanos» de Castro.
«A la fecha, la Defensoría del Pueblo, realiza el relevamiento de datos y el proceso de investigación del caso», concluye el comunicado.
El cubano denunció el lunes pasado que Migración lo notificó con una orden de expulsión que debe cumplir en 15 días hábiles por su «activismo en las redes sociales contra la dictadura cubana».
Castro criticó que Bolivia «esté utilizando sus oficinas públicas para otorgarle a La Habana el derecho de expulsar de un Estado de derecho a un ciudadano por sus opiniones políticas» y negó haber vulnerado la Ley de Migración boliviana.
Además, denunció que el personal de Migración tenía un expediente con sus publicaciones en las redes sociales «como acostumbra a hacer el Gobierno y la seguridad del Estado con los activistas de Cuba» y aseguró que en ninguna publicación menciona a Bolivia.
El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, justificó la expulsión argumentando que «no puede interferirse en cuestiones políticas de un país».
Del Castillo señaló que «cualquier ciudadano extranjero que se asiente en territorio nacional tiene que cumplir con la normativa legal y vigente» y que si Migración ha determinado que el cubano ha «incumplido las normas» entonces debe «retirarse del país».
El Gobierno de Luis Arce es aliado político del presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y el mandatario boliviano estuvo la semana pasada en la isla para asistir a la XXII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA).