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lunes, noviembre 29, 2021
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Defensoría del Pueblo pide garantías para el trabajo periodístico

La Defensoría del Pueblo pidió este martes al Estado «garantizar el trabajo de los medios de comunicación y reforzar la protección de los trabajadores de la prensa» tras las agresiones recientes a un reportero gráfico en Santa Cruz y a un periodista en Cochabamba.

En un comunicado, la entidad indicó que «censura esas agresiones» e invocó la declaración de principios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que establece que las amenazas e intimidaciones «violan los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión».

El periodista Miguel Rojas Fernández, del diario Opinión de Cochabamba, fue golpeado la víspera cuando registraba las agresiones de parte supuestamente de partidarios del alcalde de esa ciudad, Manfred Reyes Villa, a una persona en aparente estado de embriaguez a la que echaron de un espacio público e incluso empujaron tumbándola al piso.

En la grabación el periodista registra parcialmente esos sucesos hasta que un grupo de personas empieza a increparlo y lo golpea hasta hacerle perder el control de su dispositivo.

Un hecho anterior se produjo el viernes pasado por parte de uno de los integrantes de seguridad del presidente del país, Luis Arce, cuando este asistió a la inauguración de la Feria Internacional de Santa Cruz.

El mandatario en uno de sus recorridos por la feria perdió un zapato, algo que un fotógrafo del periódico El Deber intentó registrar, sin embargo, un miembro de seguridad puso su mano en el lente y junto a otros lo llevaron a empujones a un rincón hasta que la aparición de un camarógrafo de televisión evitó de que el incidente pasara a mayores, según indicó ese medio de comunicación.

«Es obligación del Estado garantizar el trabajo de los periodistas en todo el territorio boliviano», señala el pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo.

Organizaciones como la Federación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Cochabamba anunciaron que presentarán una denuncia por ese hecho para que la Fiscalía «cumpla su trabajo», según declaraciones del principal dirigente del gremio, David Ovando.

En el caso de Santa Cruz, ya hubo un pronunciamiento de la Asociación Nacional de la Prensa, que representa a los propietarios de medios de comunicación impresos, en el que se calificó la acción como un «exceso» y pidió comprensión para el trabajo informativo.

A pesar de esos pronunciamientos, se produjo un nuevo incidente en La Paz con el periodista Carlos Quisbert que, según la denuncia de su medio el diario Página Siete de La Paz, fue «detenido y enmanillado a un vehículo policial» mientras realizaba la cobertura del conflicto de dirigentes en la Asociación Departamental de Productores de Coca de La Paz (Adepcoca).

Recientemente, la Asociación Nacional de Periodistas también se pronunció por acusaciones de algunos altos funcionarios del Gobierno boliviano que pusieron en duda el trabajo de varios medios de comunicación en torno a temáticas derivadas de la crisis política y social que afrontó el país en 2019 y que han generado polarización.

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