La Defensoría del Pueblo denunció este jueves que el país carece de garantías estatales para el ejercicio del derecho a la identidad de género, pese a contar con una ley que permite que personas transexuales y transgénero cambien sus datos y fotografía en sus documentos personales.
Los incumplimientos se deben a una falta de adecuación normativa en los procedimientos internos de entidades estatales y la carencia de políticas efectivas contra la discriminación, indica una nota de prensa de la Defensoría.
La institución denunció que hay un «trato discriminatorio y diferenciado del Estado hacia las personas transexuales y transgénero», pues deben enfrentar «barreras, dificultades, demoras y restricciones» por su identidad de género, lo que les impide gozar plenamente de sus derechos en igualdad de condiciones con el resto de la población.
Estas observaciones se encuentran en un informe realizado por la Defensoría que analiza si se está cumpliendo o no con lo señalado en la Ley 807 de Identidad de Género vigente desde mayo de 2016.
«Se ha verificado el incumplimiento en la adecuación de normativa y procedimientos internos en entidades públicas y privadas, conforme a la Ley 807 y que el Servicio de Registro Civil (Sereci) no realiza seguimiento al cumplimiento de las Resoluciones Administrativas que emite», dijo la Defensora del Pueblo interina, Nadia Cruz, citada en el comunicado.
La Ley 807, a la que pueden acogerse los mayores de 18 años, fue impulsada por colectivos TLGBI y permite a transexuales y transgénero cambiar sus nombres, imagen y sexo en sus documentos personales, un registro que está a cargo del Sereci.
Los transexuales son quienes han construido su género contrario al sexo asignado al nacer, recurriendo a alguna intervención médica, mientras que los transgénero son las personas que cambian su identidad de género «sin que esto implique intervención médica de modificación corporal», explica la ley.
Entre enero y noviembre de 2021, el Sereci atendió 101 trámites enmarcados en la Ley de Identidad de Género.
Análisis y recomendaciones
El análisis de la Defensoría constató que entidades como las universidades públicas y las direcciones departamentales de Educación no adecuaron sus reglamentaciones internas a la Ley 807.
«El Estado otorga un trato discriminatorio a las personas transexuales o transgénero masculinas en razón a su identidad de género, al no brindarles las condiciones para ejercer sus obligaciones, como el servicio militar, en igualdad de condiciones que el resto de los ciudadanos varones», manifestó Cruz.
También denunció que el Estado «no ha adoptado políticas efectivas» para luchar contra la discriminación con diversa orientación e identidad de género, ya que, por ejemplo, «no existen procesos de capacitación, sensibilización y educación específicos».
Cruz remarcó que el país debe «dejar de tener ciudadanía de primera y segunda clase» y que la identidad de género o la orientación sexual no pueden ser la causa para un trato desigual o discriminatorio desde las entidades estatales.
El informe también establece recomendaciones para instituciones involucradas en el cumplimiento de la Ley de Identidad de Género, incluidas varias que no acataron la disposición que señala que todas las entidades públicas y privadas que consignan datos de identidad deben adecuar sus normativas y procedimientos internos a la citada norma.
Estas instituciones, entre las cuales se mencionan algunas cajas de seguridad social, la entidad que administra el antiguo sistema de pensiones y el Régimen Penitenciario, tenían tres meses desde la promulgación de la ley para cumplir con esa disposición.
También hizo recomendaciones al Comité Ejecutivo de la Universidad Pública Boliviana y el Ministerio de Defensa para asumir acciones concretas que faciliten la modificación de datos personales e imagen en títulos de pregrado y posgrado, así como en las libretas de servicio militar.