La Defensoría del Pueblo pidió este martes al Gobierno que se pronuncie legalmente respecto al funcionamiento del llamado «mercado paralelo» de hojas de coca, la raíz de un conflicto cocalero que enfrenta hace más de dos semanas a un sector los productores de La Paz con la Policía.
En una rueda de prensa, la defensora interina del Pueblo, Nadia Cruz, alertó que «en tanto no se tenga una respuesta» del Gobierno sobre el cierre del «mercado paralelo», que es la demanda central de los movilizados, el conflicto «no se va a solucionar».
Cruz confirmó que se ha pedido al viceministro de la Coca, Arlem Lovera, «una respuesta legal fundada» sobre los motivos para «mantener dos mercados» para la venta de hojas de coca en La Paz o «señalar cuál es mercado de coca» que debe operar legalmente.
Las leyes establecen que para la venta legal de hojas de coca están habilitados únicamente dos mercados: uno en La Paz y otro en Sacaba, en el departamento de Cochabamba.
Hace dos semanas, el sector liderado por el dirigente Freddy Machicado se ha movilizado en la zona norte de La Paz contra el funcionamiento del «mercado paralelo», que abrió el año pasado un otro bloque de productores de hojas de coca a la cabeza de Arnold Alanes.
El sector de Machicado, que administra el mercado de Villa Fátima, acusa al de Alanes de ser afín al Gobierno y de promover la división de su sector.
Varias de las jornadas de protesta se han caracterizado por enfrentamientos entre cocaleros y policías con dinamitazos y el uso de gases lacrimógenos de parte de las fuerzas de seguridad, para así evitar que los manifestantes lleguen hasta el «mercado paralelo».
En la víspera se frustró un nuevo intento de diálogo por la ausencia del ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Remmy Gonzales, y tras ello se reactivaron las protestas que desencadenaron un nuevo enfrentamiento entre los cocaleros y la Policía.
Ante ello, Cruz también exhortó a los cocaleros en protesta a evitar las «manifestaciones extremas de violencia» y, por otro lado, insistió al Gobierno a «dar respuestas» a la situación.
La pugna entre los cocaleros del departamento de La Paz comenzó 2021 cuando Alanes fue elegido máximo dirigente de Adepcoca por un sector, lo que provocó divisiones y se desató un enfrentamiento por la sede y la dirigencia de esa organización, que finalmente logró desplazar a ese bloque que abrió otro mercado.
Además de la Defensoría del Pueblo, Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) en Bolivia manifestó su preocupación por el «uso excesivo de la fuerza» en el conflicto e instó por un «diálogo respetuoso».