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miércoles, febrero 8, 2023
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Defensoría pide reiniciar de «inmediato» el diálogo sobre el censo

La Defensoría del Pueblo lamentó que «persista la beligerancia y violencia» y demandó a las partes en conflicto a «reiniciar de inmediato» el diálogo sobre el censo cuando se cumplen doce días de paro indefinido en Santa Cruz.

La Defensoría reiteró en un comunicado «su llamado a bajar los niveles de beligerancia para frenar la violencia y demanda a los actores involucrados en el actual conflicto a reiniciar de inmediato el diálogo, para alcanzar soluciones y pacificar el país».

El ente defensor de los derechos humanos también lamentó las «acciones hostiles entre pobladores del municipio de La Guardia divididos entre el apoyo y rechazo al paro indefinido», que dejaron varias personas heridas, entre ellas un periodista, y varios detenidos.

En la noche de este martes en el municipio de La Guardia, vecino a la ciudad de Santa Cruz, un grupo de personas que respalda la huelga por el censo intentó desbloquear uno de los varios puntos que sectores afines al oficialismo han cortado, lo que no ha permitido el paso de combustibles y alimentos a esa región.

«La población de Santa Cruz vive en un ambiente de zozobra e inseguridad debido a la escalada de violencia y manifestaciones sociales respecto al actual conflicto, y no cesaron a pesar del anuncio de la reinstalación del diálogo entre autoridades nacionales y departamentales, y la dirigencia cívica cruceña», señaló.

Además, vecinos de las zonas en las que se han registrado enfrentamientos han denunciado que la Policía está de parte de los sectores afines al oficialismo y que reprime con gases lacrimógenos a los que sostienen la huelga.

En ese sentido, la Defensoría pidió que la intervención de la Policía Boliviana «se enmarque en las normas nacionales e internacionales de derechos humanos y haga un uso proporcional de la fuerza».

El vocero presidencial, Jorge Richter, convocó a un nuevo encuentro para la noche del martes en medio de los disturbios que se registraron en Santa Cruz, razón por la cual los representantes del Comité Impulsor del Censo 2023 declinaron su participación y pidieron que antes de dialogar cesen las «hostilidades» en contra de esa región.

Este miércoles el vocero del Comité Interinstitucional y rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Vicente Cuellar, dijo que para que haya un diálogo la «condición mínima es que pare la violencia».

Denuncian «plan macabro»

Por su parte, la fuerza opositora Creemos, que lidera el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, denunció en un comunicado que hay un «plan macabro» del Gobierno de Luis Arce para «masacrar a la población cruceña».

«Este plan ha quedado totalmente al descubierto la noche de ayer en la medida que en una farsa impensable el Gobierno concedió un diálogo y a la misma hora en que este supuesto diálogo debía reinstalarse el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, ejecutó una violenta represión a la población de La Guardia, usando a la Policía para arremeter contra el pueblo cruceño que se encuentra en protesta pacífica», señaló.

Creemos exigió que «se retire el cerco a Santa Cruz y se deponga la violencia» y aclaró que esa región no dialogará «mientras masacran y atentan contra la vida de la población cruceña».

El Comité Cívico, Creemos y otros líderes cruceños también pidieron a Arce que destituya a Del Castillo por alentar la violencia.

Además, el ministro dijo en la noche del martes que «técnicamente es imposible» realizar el censo en 2023, lo que fue desautorizado por el propio Gobierno, que aclaró en un breve comunicado que la Comisión para la Mesa de Diálogo por el Censo la integran el ministro de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui, y el vocero presidencial y que las «declaraciones» de Del Castillo «no corresponden a la postura oficial».

Santa Cruz lidera desde hace doce días las protestas para que el censo poblacional se realice en 2023 y sus datos se apliquen en 2025, año en el que están previstas las elecciones generales.

El Gobierno aplazó la encuesta nacional a 2024 bajo el argumento de razones técnicas, la calidad de los datos y la necesidad de «despolitizar» el proceso.

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