La Defensoría del Pueblo registró 42 vulneraciones de derechos humanos en hechos violentos que sucedieron en el marco de los 23 días de huelga indefinida en Santa Cruz que exige que el censo se realice en 2023, aunque el Gobierno ya determinó que será en marzo de 2024.
La Defensoría condenó a través de un comunicado todos los «actos de violencia» registrados durante la huelga indefinida, como «ataques a la prensa, agresiones físicas, violaciones sexuales, asesinatos» y el incendio y saqueo de instituciones como la Central Obrera Departamental o la federación de campesinos de esa región.
«La Defensoría del Pueblo exhorta a todos los movilizados a precautelar la seguridad de niños, adolescentes, mujeres en gestación, personas adultas mayores, personas con discapacidad, a no exponerlos a situaciones que pueden vulnerar sus derechos y causarles daños irreversibles», indica el boletín.
Además pide «frenar la violencia» para evitar la confrontación y que se practique «la tolerancia y el diálogo» para construir nuevas soluciones en un momento en el que «urge pacificar mediante respuestas efectivas» por parte del Estado que es garante de «la vigencia y el ejercicio de los derechos humanos» e investigar y sancionar los delitos.
Antecedentes
Santa Cruz ingresó en una huelga indefinida que ya se aplica por 23 días consecutivos en los que la ciudadanía realiza puntos de bloqueo en las vías exigiendo al Gobierno de Luis Arce que el censo se postergue para 2023 y no para 2024.
Hubo varios intentos de diálogo de parte del Gobierno con los líderes cívicos cruceños, pero no se logró un acuerdo, por lo que se realizó una reunión técnica en Trinidad en el que se definió que el censo se podría realizar entre marzo y abril de 2024.
En esa reunión técnica se salieron los representantes de Santa Cruz, La Paz, Tarija y Trinidad al manifestar que no tomaban en cuenta sus propuestas para realizar el censo en 2023.
El viernes el presidente Arce anunció a la población a través de un mensaje presidencial que la fecha definitiva del censo es el próximo 23 de marzo de 2024 y desde septiembre se podrán repartir los recursos a los departamentos con base a los resultados preliminares de esta encuesta nacional que se realiza cada 10 años.
El fin de semana Arce aprobó el decreto que fija la nueva fecha, ya que inicialmente debía ser en noviembre de este año, pero por problemas técnicos se postergó para 2024.
Este domingo Santa Cruz alista un cabildo ciudadano en el que la población definirá si continúan con las medidas de presión exigiendo censo en 2023.
Una de las principales críticas al decreto de parte de los líderes cívicos es que no señala cuándo se presentarán los resultados finales y que no indica nada sobre la distribución de escaños parlamentarios con base a esa información.
Hasta ahora el Gobierno registró que son cuatro muertos, varios heridos y al menos 15 personas aprehendidas por los actos violentos en esa región que confronta a quienes apoyan y rechazan la huelga indefinida.