La Defensoría del Pueblo indicó que hay vulneración de derechos en el conflicto en Santa Cruz en el que unos acatan una huelga indefinida exigiendo censo en 2023 y los que cercan esa región en rechazo a esa medida de presión.
El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, sostuvo en una conferencia de prensa en La Paz que esa instancia verificó que en Santa Cruz «hay una situación de masiva vulneración de derechos humanos».
Detalló que hay dificultades de pacientes para acceder a los centros de salud, acceso a las ambulancias, escasez de combustible, basura acumulada en la calle por los bloqueos, y «situaciones de agresión» entre bolivianos, quienes apoyan y rechazan la huelga y el «uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía».
«Se está dañando la convivencia de los bolivianos», sostuvo el defensor.
También informó que de acuerdo a la verificación, hasta ahora son 18 personas heridas en los violentos enfrentamientos y que hay al menos 7 personas aprehendidas y un proceso penal abierto, además de un muerto en estos 13 días de huelga indefinida.
«El paro con bloqueo ya genera una limitación, una vulneración masiva de los derechos, las acciones de cerco lo que hace es empeorar el escenario de vulneraciones, la violencia, las acciones de hecho, vengan de donde vengan, no pueden tolerarse», sostuvo el defensor.
Es por ello que exhortó a las partes en el conflicto a adoptar unas diez medidas de acción para «evitar declaraciones que perjudiquen el proceso de diálogo».
También que el Gobierno dialogue con los líderes que impulsan las marchas, bloqueos y cercos para que permitan el acceso de alimentos, servicios básicos, al igual que los líderes cruceños pidan que se «deje de provocar violencia».
Asimismo, pidió que la Gobernación cruceña logre que se «flexibilicen» los puntos de bloqueo para que circulen las personas y el tránsito, que se promueva el diálogo y que el alcalde de Santa Cruz, Jhonny Fernández, continúe promoviendo el levantamiento de los bloqueos en el botadero.
Prosigue señalando que las autoridades nacionales y locales deben garantizar la provisión de alimentos y acceso a los servicios básicos, insumos médicos, combustible para la población, en especial a los más vulnerables.
Además, que el Gobierno «al momento de hacer uso de la fuerza a través de la Policía» debe respetar el criterio de «legalidad, proporcionalidad» y el respeto de derechos humanos, entre otros.
Santa Cruz ya lleva 13 días de huelga indefinida exigiendo que el censo se realice en 2023, mientras que el Gobierno aplazó esta encuesta con el argumento de razones técnicas y la necesidad de «despolitizar» el proceso.
Esto ha generado jornadas de enfrentamientos y de violencia entre quienes apoyan la huelga y quienes rechazan esa medida, en medio de intentos de diálogo entre el Gobierno y líderes cruceños y el anuncio de una mesa técnica sobre el censo para este viernes.
El miércoles, el ministro de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui, sostuvo que se instalará una comisión técnica sobre el censo que dará «certidumbre» a la población y que estará acompañado de «organismos internacionales».
La expresidenta transitoria Jeanine Áñez pidió a las Naciones Unidas que haga seguimiento al conflicto y al cerco para luego emitir un informe.