Delitos comunes y de lesa humanidad

Por convocatorio de algunos dirigentes de la COB, para que las elecciones se lleven a efecto el 6 de septiembre –que no fue ni es reivindicación sindical laboral- hubo sedición, terrorismo, destrucción de bienes públicos, carreteras obstruidas con piedras y uso de explosivos para derrumbar cerros, obstaculización para que no haya oxígeno en los hospitales para atención a enfermos con el COVID-19, medicamentos e insumos de bioseguridad y de alimentos a capitales de departamento.

¿De qué Ley de «amparo a la protesta» hablan los diputados del MAS cuando de por medio los terroristas mostraron armas, pidiendo guerra civil y utilizaron explosivos?

En qué legislación del mundo se contempla impunidad para «delitos de lesa humanidad», con actos en que incurrieron dirigentes de la COB, que no reclamaban reivindicaciones sindica laborales.

A título de exigir se lleve las elecciones generales, en determina fecha, convocaron a acciones políticas en obediencia a dictados partidarios, desde la Argentina, por el jefe de campaña de dicho partido.

Es pues una aberración jurídica la que intentan algunos diputados y senadores del MAS en la ALP, lo que ocurrió en los pasados doce días, fue sedición, terrorismo, tentativa de genocidio al no permitir paso, por los bloqueos, de medicamentos, oxígeno, alimentos, a poblaciones capitales de departamento.

Juan Carlos Huarachi y su séquito deben ser procesados.

Sin haber consultado al magisterio, a los cooperativistas mineros, y a otros sectores integrantes de la matriz laboral, a nombre de la COB convocaron a campesinos y generaron terror y provocaron la muerte de quienes requerían con urgencia oxígeno para subsistir, como afirmaron médicos de diferentes hospitales.

El Dr. Luis Larrea, presidente del Colegio Médico de La Paz, repudió esa predisposición de encubrimiento y complicidad a delitos de lesa humanidad, en que incurren diputados y senadores del MAS.

Los hechos fueron constatados, a través de la tecnología, por todos los organismos internacionales de defensa de los derechos humanos, que repudiaron dichos actos, por lo que se impone drásticas sanciones que estipula el Código Penal.

En la Asamblea Legislativa Plurinacional, que en más de una oportunidad se ha hecho apología del delito, se anunció que la bancada del Movimiento al Socialismo (MAS), prepara un proyecto de ley para «proteger a dirigentes y personas que impulsaron los bloqueos de las carreteras y que cometieron serie de excesos, delitos y transgresiones ilegales».

El diputado Édgar Montaño, del MAS, pretende justificar esa intención señalando que «el proyecto de ley no tiene que violar la Constitución Política del Estado (CPE) ni tampoco las Leyes, va a proteger a dirigentes que en su derecho están pidiendo equipos de bioseguridad, están pidiendo libertad de expresión y democracia».

Olvida ex profeso, que lo que pedían era «elecciones para el 6 de septiembre» y se oponían se difiera para otra fecha. No hubo pedido, de lo que ingenuamente pretende hacer creer. Edgar Montaño ofende a la inteligencia del pueblo.

Ahora buscan dejar en la impunidad a los bloqueadores que perpetraron atentado explosivo en una subestación de la Empresa Nacional de Electricidad (Ende), en Oruro, o que propinaron una «brutal golpiza» a militares que limpiaban escombros en una carretera, y que nada haga la justicia contra los que destruyeron tramos carreteros, puentes, dinamitaron cerros para bloquear caminos, dejaron sin alimento a las poblaciones, evitaron que medicamentos, elementos de bioseguridad y el oxígeno medicinal llegue a los hospitales, o la recurrente acción de bloquear el acceso al botadero de K’ara K’ara, para dejar a la ciudad de Cochabamba expuesta a infecciones y contaminación.

Los injustificados bloqueos costaron al país mil millones de dólares según estimaciones del sector ganadero industrial y del gobierno.

Las movilizaciones violentas y destructivas tienen que ser sometidas a la justicia. Se tiene que contemplar el daño económico generado, además del impacto contra las libertades del pueblo; tiene que sancionarse la transgresión al derecho a la libre circulación de personas, y también de medicamentos y bienes diversos que no llegaron a tiempo a su destino o se deterioraron.

Es tarea del Ministerio Público, el Poder Judicial, la policía y el propio gobierno actuar cuando se perpetran delitos. Hace tiempo que la Asamblea Legislativa está al margen de la Ley, no tiene legitimidad, se han prorrogado ilegalmente, ya no representan a quienes hace más de cinco años les dieron oportunidad y solo levantaron la mano para obedecer consignas políticas del Órgano Ejecutivo que presidia el expresidente refugiado en la Argentina. Lo que intentan Montaño y sus acólitos, es curarse en salud, por los hechos ocurridos.

Porqué el TSE no aplica la Ley de Régimen Electoral, toda vez que militantes de un partido o aleccionados por un ente partidario, ¿generaron terror en Bolivia?

Las organizaciones sociales, comités cívicos, plataformas ciudadanas, mediante las redes sociales, convocan a cercar las instalaciones del Órgano Legislativo para que los parlamentarios, sin legitimidad, no vuelvan a vulneren la Constitución Política del Estado ni amparen delitos de «lesa humanidad».