Elegir cuando las condiciones son adversas al ejercicio pleno de las libertades es una mala señal para la democracia. En Bolivia, nos encontramos en la recta final de un proceso electoral que tendrá su epicentro el domingo próximo, que además de elegir a los gobernantes, en realidad servirá también para que el electorado decida, con su voto, el nuevo ritmo de la construcción democrática.
El ciudadano está en la obligación de valorar y calificar con su voto no solamente a los candidatos, sino a la dirección que lleva el proceso democrático, que para muchos ya se ha tornado en una «democracia aparente». Los politólogos y analistas convienen en señalar con esta calificación a las distorsiones de la aplicación de los principios democráticos. El politólogo Juan Piña, en su Blog, señala que en algunos países de América Latina y en buena parte del llamado Tercer Mundo, los regímenes dictatoriales se han visto sustituidos por democracias tuteladas o vigiladas que distan mucho de responder al contenido comúnmente aceptado de la «democracia liberal», pero que imitan con engañosa maestría su aspecto externo y sus formas. Señala que principales características de la «democracia aparente», son el «culto a los liderazgos carismáticos de unos políticos cada día más paternalistas y megalómanos, que se anteponen al debate político de programas, ideas y propuestas o evaluación de gestión».
Otras señales de esta deformación se presentan con la imposición de normas y determinaciones por contar con una mayoría parlamentaria. Ya anteriormente nos referimos a las normas que pueden ser legales porque se aprobaron mediante procedimientos en la Asamblea Legislativa por el peso de la mayoría, gracias al voto de parlamentarios que simplemente levantan la mano por consigna, las más de las veces sin conocer lo que aprueban.
Para proteger la salud de la democracia se tienen que profundizar los valores y principios del sistema y promover que el ciudadano pueda decidir de forma directa sobre las principales cuestiones que le afectan, e interesan mediante frecuentes consultas, referendos, asambleas y cabildos. Una de las tareas pendientes en Bolivia es la de capacitar, preparar y dotar a los parlamentarios del máximo poder en el ámbito legislativo y de fiscalización. Los parlamentos representan proporcionalmente la voluntad popular, y constituyen por tanto los foros más indicados para controlar los excesos de los gobiernos.
En nuestro país ocurre, la Asamblea Legislativa se ha convertido en un apéndice del Ejecutivo, como lo son el Órgano Judicial y el Electoral. El Órgano Ejecutivo tiene la misión de ejecutar decisiones, administrar el Estado, es decir, tiene limitaciones que deben enmarcarse en la Constitución Política del Estado que le manda cumplir esa noma fundamental y presentar informe escrito sobre la administración del Estado, y respetar la voluntad de la ciudadanía, expresada en las elecciones de los representantes nacionales, y departamentales, en el referendo y todas las formas de participación ciudadana.
Lamentablemente, se ha confundido al Órgano Ejecutivo con un gobierno que puede concentrar en sí a todos los demás poderes del Estado, distorsionando la voluntad popular. Piña enfatiza en que «la democracia aparente es el más sutil —y por lo tanto el peor— enemigo de la democracia auténtica. Es más difícil de combatir que a los regímenes dictatoriales y, desgraciadamente, responde con frecuencia a los mismos intereses».