Las detenciones a exautoridades del pasado Gobierno de Transición presidido por Jeanine Áñez, así como la persecución a jefes militares y policiales ha desatado reacciones de desaprobación generalizada, tanto de organismos internacionales como de instituciones representativas de la comunidad nacional, expresidentes, juristas, políticos, la Iglesia Católica y personalidades, además de Naciones Unidas y la Unión Europea, entre otros pronunciamientos diversos.
El ministro de Gobierno Carlos del Castillo explicó que la aprehensión de la expresidente Jeanine Áñez se debió a los delitos por el caso de golpe de Estado. Los delitos que se investigan son sedición conspiración y otros, dijo. «Hay que dejar claro que el gobierno nacional, democráticamente electo, no persigue a nadie, sino que busca justica en el país», argumentó el ministro.
Pero las reacciones contra las acciones represivas del gobierno, y de solidaridad con los perseguidos suman decenas en las redes sociales. Por ejemplo, Human Rights Watch (HRW) asegura que no existe «ninguna evidencia» para juzgar a la expresidenta y sus exministros, por delitos de sedición y golpe de Estado. Por ello, dice, «generan fundadas dudas de que se trata de un proceso basado en móviles políticos», según Miguel Ángel Vivanco, director para las Américas de HRW, organismo que defiende los derechos humanos. Recuerda que ese organismo también se pronunció cuando se acusó a Evo Morales por similares hechos señalando que no era correcto.
La misión en Bolivia de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humano (OACNUDH) también se pronunció mediante su cuenta en Twitter, señalando la importancia de las «salvaguardas del debido proceso, lo que implica asegurar que toda persona cuente con una defensa adecuada y sea sometida a un juicio justo, independiente e imparcial». Asimismo, coincide en pedir que «no se empleen tipos penales ambiguos o desproporcionados».
Una de las instituciones nacionales más contundente en su pronunciamiento fue el Comité Cívico Pro Santa Cruz, que exige al presidente Luis Arce Catacora, que deje la persecución política contra ex autoridades del Gobierno de Transición. El Comité hace «un llamado a la ciudadanía en general a la resistencia civil contra el abuso y la persecución política», y afirma que no se va a permitir «que ningún cruceño ni boliviano sea perseguido por resistir y protestar pacíficamente los 21 días por el fraude electoral», señala la resolución del directorio ampliado de emergencia del Comité Pro Santa Cruz. Asimismo, convoca a re-articular el Consejo de Defensa Nacional de la Democracia.
El exministro de Gobierno, Arturo Murillo, mandó un mensaje expresando su «solidaridad con la mujer, madre y amiga expresidenta Jeanine Áñez que entregó todo por Bolivia, incluso su libertad. Sufre el atropello de un gobierno tiránico. Fuerza amiga. Estamos del lado correcto de la historia, y será ella quien nos juzgue» dice el mensaje. Asimismo, el expresidente Carlos Meza en un programa de TV del exterior denunció los atropellos a las libertades y a la democracia. Otro expresidente, Jorge Quiroga, dijo que «es un día aciago para la democracia boliviana, Luis Arce dejó de lado el discurso de reconciliación y ha puesto a su gobierno al servicio de Evo Morales, que, motivado por la derrota electoral, quiere cambiar la historia. Quieren criminalizar una sucesión constitucional», dijo. El exministro y senador Oscar Ortiz también se pronunció deplorando la detención de la expresidenta y sus ministros. Considera que estas decisiones son incompatibles «con las garantías constitucionales y el estado de derecho».
La Conferencia Episcopal Boliviana (CEP) pidió al Gobierno desistir del «control total del poder, de la revancha y la persecución». El pronunciamiento fue leído por el arzobispo de Sucre, monseñor Ricardo Centellas, en un documento denominado «La democracia exige respeto a los derechos humanos». Evidentemente se requiere respeto a los derechos humanos, pero, además, la democracia implica respeto a la Constitución Política del Estado, a los derechos y libertades de los ciudadanos, a las garantías para desenvolverse en sus actividades, a que se cumpla el estado de derecho, a la seguridad jurídica, y a que el gobierno ejerza su autoridad para todo el pueblo, sin discriminación política ni de ninguna otra forma.