Los ministros de Gobierno, Eduardo del Castillo, y de Obras Públicas, Édgar Montaño, fueron denunciados este viernes por encubrimiento y omisión de denuncia en el caso del vuelo que en febrero pasado transportó desde Bolivia a España 478 kilos de cocaína.
«Este hecho tiene dos responsables» y «los que están obstaculizando la averiguación de la verdad son las cabezas del sector», declaró el vicepresidente del Colegio de Abogados de Santa Cruz, Félix Oros, quien presentó la denuncia contra los ministros.
Según el jurista, el caso del llamado «narcovuelo» ha generado «malestar y zozobra» en la población ya que «se está inculpando, probablemente, a gente inocente».
«Todos los bolivianos tienen el derecho de denunciar», pero yo soy una persona «inocente (y) clara», aseveró en su descargo el ministro Montaño, mientras que su colega Del Castillo no se ha pronunciado hasta el momento sobre la denuncia.
La semana pasada las autoridades españolas reportaron que en febrero intervinieron 12 bultos con 478 kilos de cocaína en un vuelo que llegó desde Bolivia hasta el aeropuerto Adolfo Suáárez-Madrid Barajas y que se es uno de los mayores cargamentos de droga en los últimos años.
Por su parte, el Gobierno indicó que el envío del cargamento de droga se hizo en un vuelo de la empresa Wamos Air que llegó desde España «con su propia tripulación» a raíz de un alquiler que hizo la estatal Boliviana de Aviación (BoA).
Las autoridades indicaron que recién en mayo se enteraron «extraoficialmente» que la carga que partió del aeropuerto de Viru Viru en Santa Cruz, casi tres meses antes, había dado positivo a cocaína.
A raíz de este hecho se abrió una investigación penal contra varios funcionarios de entidades dependientes del Ministerio de Gobierno y de Obras públicas, además del personal de una empresa de mensajería con antecedentes por narcotráfico.
Además, este viernes un juez dispuso la detención preventiva de dos personas vinculadas a la empresa de mensajería a la que se acusa de enviar el cargamento mientras que otra quedó en libertad.
Al final de esa audiencia, un par de agentes antinarcóticos arrestó al juez por su decisión de dejar en libertad sin restricción a una de las funcionarias, pero horas después fue liberado tras comparecer ante un tribunal.
La Asociación de Magistrados de Santa Cruz consideró que la detención del juez se ejecutó de «forma arbitraria» y que la acción policial fue una «flagrante violación» a la independencia judicial.
Por el caso del «narcovuelo» se ha procesado a más de una decena de personas que incluye a detenidos preventivos, arrestados y sospechosos que tienen órdenes de aprehensión.
Asimismo, la oposición y políticos y legisladores «evistas», así como el propio expresidente Evo Morales han cuestionado que únicamente se haya detenido solo a funcionarios de bajo rango y no a los «peces gordos» y han insinuado la responsabilidad de algunas «altas autoridades» en este caso.