Después del anuncio de Marcelo Claure, presidente del club Bolívar, de ofrecer 100 millones de dólares por los derechos de televisación por los próximos diez años, la dirigencia del fútbol boliviano bajó el entusiasmo y comenzó a evaluar las consecuencias que tendrá que afrontar frente al derecho de preferencia que ostenta la actual empresa y que tiene un contrato que establece la transmisión de 364 partidos por temporada.
«Los dirigentes no miden las consecuencias legales. Tenemos un contrato con restricciones, que en caso de no cumplirlas puede caernos una demanda por un monto elevado, hay que ir con mucho cuidado», declaró César Salinas, presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF).
Sobre el derecho de preferencia y prioridad, que los clubes profesionales le otorgaron en el anterior período a Sport TV Rights se establece que dicha empresa tiene la potestad de hacer el primer y el último ofrecimiento económico por el período 2021-2024.
De acuerdo a un documento que dieron a conocer en radio Laser, el cesionario «ejercerá derecho preferente igualando la oferta en firme de un tercero, durante la vigencia de la opción hasta 30 días calendario, antes del inicio de los campeonatos del año 2021».
El titular federativo pidió a su departamento legal que analice todas las salidas sobre este tema para evitar un daño económico a la institución, mientras espera la oferta formal por escrito de Claure, cuyo pedido de declarar desierta y anulada la licitación fue apoyada de manera unánime por los clubes el pasado viernes en la reunión virtual. El empresario invitó a los clubes formar un consorcio para este propósito.
Dentro de este grupo, San José fue el primero en pedir más detalles sobre este negocio. Los santos exigen saber si esos 100 millones de dólares estarán libres de impuestos, si la oferta incluye la instalación del Sistema de Video Arbitraje, y pregunta si esa cantidad es variable en los años, además quién asumirá las contingencias por la rescisión del contrato y de la misma manera quién responderá por el incumplimiento de la cláusula de derecho preferente.
El actual contrato con Sport TV Rigths exige que la División Profesional entregue 364 partidos por año, 182 por campeonato. La única manera de alcanzar esa cifra es con la modalidad de todos contra todos. En caso de incumplir, hay una multa de 13.500 dólares por cotejo.
El fútbol boliviano quedó colgado en la fecha 12 del torneo Apertura por la pandemia del Covid-19, sin contar con una fecha de retorno, con 15 mil infectados en el país y con 500 fallecidos aproximadamente.
Con la dificultad de cumplir con la cantidad exigida por la empresa, Salinas advirtió que esos compromisos no jugados tienen que negociarse sin descartar que esos cotejos deban efectuarse el próximo año, como establece el contrato frente a la suspensión por causas mayores.
El tercer ofertante, por otro lado, tiene que demostrar contar con «experiencia mínima de cinco años en el rubro televisivo, solvencia, capacidad económica financiera para afrontar los eventuales costos y cumplimiento técnico con estándares internacionales», indica el contrato.