La niñez en Bolivia carece de las oportunidades, protección, seguridad y perspectivas que tienen los niños de otros países de la región y del mundo. Como muchos otros servicios generales, la salud es precaria, los centros médicos especializados contados, y la educación deficiente, a lo que se suma la pobreza familiar que afecta principalmente a los menores. Hoy, 12 de abril se recuerda el Día del Niño rememorando no la felicidad que se les debiera brindar, sino el recuento de perjuicios por la pandemia que afectó drásticamente a este sector etario en su salud física, mental y educativa, además de que el confinamiento ha sido el peor castigo que sin duda será causante de efectos negativos hacia el futuro. Pero de todas maneras este día es una ocasión para recordar los derechos de los niños y las obligaciones de los progenitores y de los adultos en general. Hay leyes y normas de protección al menor, que lamentablemente no se cumplen.
El 12 de abril de 1952 la Organización de Estados Americanos (OEA) y UNICEF redactaron la Declaración de Principios Universales del Niño, para protegerlos de la desigualdad y el maltrato. En esa oportunidad se acordó que cada país debería fijar una fecha para festejar a sus niños. El gobierno boliviano en 1955, durante la presidencia de Víctor Paz Estenssoro mediante Decreto Supremo 04017 de 11 de abril de 1955, instituyó como «Día del Niño» el 12 de abril.
En 2013 mediante Ley 357 de 13 de abril, se abrogó el Decreto Supremo 04017 y se instituyó el 12 de abril como Día de la Niña y del Niño en el Estado Plurinacional de Bolivia. Este cambio surgió a iniciativa de la Red Parlamentaria por la Niñez y Adolescencia con el objetivo visibilizar la situación de las niñas bolivianas, sus necesidades y cuidados específicos que ellas requieren para alcanzar su derecho a la igualdad y equidad de género. Esa noma determina que el Estado es responsable de garantizar y velar por la igualdad y cumplimiento de los derechos fundamentales de la niña y del niño de acuerdo con lo estipulado en la Constitución Política del Estado, a través de los Órganos del Estado y demás instituciones públicas y privadas, en todos sus niveles y las entidades territoriales autónomas. La sociedad en general debe dar cumplimiento a los derechos de las niñas y los niños, con el fin de crear conciencia social y la cultura del buen trato sobre las necesidades y cuidados específicos que requieran. Lamentablemente, como muchas leyes y la propia CPE, son acomodadas a las circunstancias, y quienes deberían cumplir y hacer respetar las disposiciones, van en ruta equivocada.
En este momento, la inseguridad para la niñez, y adolescencia es más precaria que en el pasado y las niñas, pese a las disposiciones legales sobre género, son las principales víctimas. Los datos oficiales sobre los infanticidios son alarmantes. El último caso de conmovió a la comunidad nacional. Ashlyn, una niña de Cochabamba, tenía tan solo un año y nueve meses cuando su padrastro, quien debía cuidarla, le dio «una paliza». La muerte de la bebita Ashlyn elevó a 12 el número de víctimas de infanticidio en lo que va del año. El año pasado hubo 46 infanticidios. El año anterior, 2020 se registraron 51 casos de infanticidio. Un boletín de la fundación Huellas, de ANNI-Bolivia, explica que el Código Niña, Niño y Adolescente de Bolivia (Ley Nº 548) define el infanticidio como el «matar a una niña o a un niño desde que nace hasta los 12 años de edad» y establece una sanción de 30 años sin derecho a indulto para las o los infanticidas, siendo una de las sanciones más duras de la región, en materia penal, ya que en otros países las penas por infanticidio van de uno a 20 años de prisión. En algunas legislaciones no existe la figura penal del infanticidio sólo el de homicidio.
Uno de los factores que incide en que un padre o una madre le quite la vida a su hijo o hija es la falta de educación en general, ya que se ha naturalizado el tema del maltrato, según ANNI, y explica que otra de las causas del infanticidio son los desequilibrios emocionales, especialmente cuando las madres o padres son muy jóvenes y no saben cómo gestionar sus sentimientos. En otros casos puede ser que se trate de una violación o un embarazo no deseado que genera estados emocionales de desesperación y angustia. El infanticidio también está muy ligado a temas de pobreza porque cuando una madre o padre no tiene posibilidades económicas para la crianza de su hijo o hija puede ser que tomen la fatal decisión de cegarles la vida para evitar verlos sufrir debido a la imposibilidad de satisfacer sus necesidades básicas, en criterio del pedagogo y educador Fernando Taboada, a quien consulto ANNI. Para el pedagogo, es fundamental enseñar a los niños, niñas y adolescentes a gestionar sus emociones y sentimientos desde la primera infancia para que desarrollen habilidades socioemocionales que les permita, de adultos, manejar asertivamente sus emociones en situaciones difíciles. Para la investigadora en temas de niñez y adolescencia, Ana Bazán, los infanticidios son parte del conjunto de las violencias que sufren los seres humanos y que se han agravado en los últimos años, siendo los más afectados los niños y niñas por su fragilidad física, su edad y porque están en proceso de desarrollo.