Los Estados deben tomar medidas adicionales de protección social, apoyando a los sectores de la población que serán afectados desproporcionalmente por la pandemia. Además, la ONU considera que cuando esté disponible la vacuna contra el coronavirus, deberá ser para todos, sin discriminación.
Los bolivianos nos caracterizamos por un alto sentido de solidaridad. En muchas oportunidades los ciudadanos han dado muestras elocuentes de que están por encima de la indiferencia y que hacen suyos los padecimientos de los demás, especialmente cuando se produce una tragedia. En los deslizamientos, inundaciones, accidentes y otros desastres, desde los vecinos más próximos hasta aquellos que viven en el exterior han dado muestras efectivas de adhesión. Hoy, frente a la pandemia, también la solidad está presente y las redes sociales reflejan la preocupación y comprensión. Pero, desgraciadamente, también se producen muestras de indolencia e intolerancia ante la desgracia, con seguridad, motivadas en el temor y el desconocimiento de lo que significa el COVID-19.
Algunas personas han actuado precipitadamente oponiéndose a la internación de pacientes infectados con coronavirus, se ha impedido la utilización de algunos centros hospitalarios para atender a los enfermos y hasta han amenazado a autoridades y médicos. También hay muestras de indiferencia frente a la emergencia con el incumplimiento de las normas de seguridad que acompañan al aislamiento que impone la cuarentena, atentando con esta actitud contra la salud de la gente. El gobierno ha advertido con aplicar el código penal a quienes por sus actos atenten contra la salud pública. A propósito de estas situaciones, la Organización de Naciones Unidas (ONU), ha advertido que todo enfermo con COVID-19 tiene el derecho a ser atendido y recibir los cuidados médicos, y nadie debe impedirlo.
Un boletín informativo de la ONU señala que no debe haber excepciones cuando un enfermo de COVID-19 necesite servicios de salud para salvar la vida. Los expertos de la ONU en derechos humanos, afirmaron en un evento que la crisis por el coronavirus precisa abordarse respetando todas las garantías fundamentales, incluyendo a todos los colectivos: personas mayores, minorías, pueblos indígenas, desplazados, personas pobres, presos, indigentes, migrantes, adictos a las drogas y personas LGTBI.
Más de 60 expertos y relatores de la ONU sobre derechos humanos afirmaron que la pandemia supone un trato igualitario en los centros de salud a la hora de atender a cualquier persona infectada, sin excepción posible. En comunicado conjunto, también aseveraron que la crisis generada por el coronavirus no puede resolverse únicamente con medidas de salud pública y disposiciones de emergencia, sino que debe abordarse con apego a los derechos humanos. «Todas las personas, sin excepción, tienen el derecho a cuidados que les salven la vida y esta responsabilidad recae en los Gobiernos. La escasez de recursos o el uso de modelos de seguro médico público o privado no debe justificar la discriminación contra ciertos grupos de pacientes», subrayaron los expertos. Según los relatores, los avances de las ciencias biomédicas son muy importantes para que se alcance el derecho a la salud, «pero igualmente importantes son todos los derechos humanos».
En realidad todas las políticas de salud deben contemplar los principios de no discriminación, participación, empoderamiento y rendición de cuentas. La Organización Mundial de la Salud hizo un llamado a los Estados a actuar con determinación para que los sistemas sanitarios públicos cuenten con los recursos que necesitan para prevenir, detectar, dar tratamiento y ayudar a la recuperación de los enfermos. Sin embargo, la respuesta a la crisis no termina ahí sino que requiere que los Estados tomen medidas adicionales de protección social, apoyando a los sectores de la población que serán afectados desproporcionalmente en esta emergencia. Además, la ONU considera que cuando esté disponible la vacuna contra el coronavirus, deberá ser para todos, sin discriminación.