Este 21 de febrero se recuerdan siete años del Referendo Constitucional de 2016, en el que el pueblo le dijo NO, a la intención de una nueva repostulación del expresidente Evo Morales, con el 51,3% de los votos frente a un 48,7%. Se trata de una decisión popular que alcanzó derivaciones históricas, pese a que el gobierno desconoció el carácter vinculante del resultado de esa consulta nacional que rechazó la pretensión de otra postulación. Lamentablemente, el gobierno había manipulado a la justicia, desconociendo las previsiones y supremacía de la Constitución Política del Estado, que solamente admite una reelección presidencial. La decisión de desconocer la CPE y el resultado del referendo se constituyó en una flagrante fractura del proceso democrático y del ordenamiento legal. A partir de ese momento se confirmaron una serie de transgresiones a las normas jurídicas y quedó en evidencia que la justicia estaba al servicio del poder político.
Pero, sus efectos no solamente fueron la impunidad expuesta abiertamente, sino la confirmación de que el gobierno de turno -que había ganado en varias elecciones y referendos- sufría un cambio en la preferencia electoral, reflejada en el cansancio ciudadano por los abusos, despilfarro, corrupción e ineficiencia. Antes, la ciudadanía había votado por el cambio prometido, por las promesas de cero corrupción, y los anuncios de convertir a Bolivia en una Suiza, pero fundamentalmente, por el fracaso de los partidos tradicionales que no supieron responder a las expectativas, necesidades y anhelos de los bolivianos.
El liderazgo de Evo Morales fue innegable durante los primeros años de su gestión, y la gente creyó que su buena voluntad podría superar su falta de conocimientos. Pero los escándalos de corrupción, las indecencias éticas, líos de faldas, traición a los intereses nacionales, nepotismo y fracaso en los proyectos que costaron miles de millones de dólares, pasaron una costosa factura que se traducía en la pérdida de credibilidad y confianza. Las masivas concentraciones políticas de apoyo al gobierno se mermaron y los activistas vieron la necesidad de pagar para lograr «movilizados», obligar a los empleados públicos a asistir a concentraciones proselitistas, y actos de soporte de imagen.
A partir de ese momento, la oposición, carente de liderazgos intentó unir a la gente, sin lograr ningún consenso. Esa situación volvió a conspirar contra la posibilidad de lograr una opción que sea capaz de enfrentar al oficialismo, que todavía tenía un importante poder. Tanto políticos como abogados constitucionalistas, activistas por los derechos humanos y algunas personalidades se esforzaron en explicar a la población los alcances de las acciones del gobierno contrarias a la legislación.
Se calificó a los actos del gobierno como un golpe a la democracia, y un fraude porque se engañó al pueblo boliviano negándole la condición vinculante que tenía su voto, en el caso del resultado del referéndum de 2016. Algunos políticos decían que se había demostrado que el régimen se había alejado de la democracia al violentar y desconocer el mandato de la CPE. Varios analistas coincidieron en calificar a ese referendo, como uno de los factores para el desmoronamiento del gobierno de Morales. La gente recordaba lo que Morales dijo antes del referendo: «gane el Sí o gane el No, vamos a respetar, esa es la democracia».
Finalmente, Morales fue candidato en unas elecciones en las que ya el oficialismo dudaba del resultado. En pleno escrutinio se interrumpió el proceso de conteo. Se alteraron los resultados, se introdujo una computadora ajena al Órgano Electoral, las denuncias de fraude se sumaban, las protestas se generalizaron y el propio Morales pidió a la OEA que realice una auditoría, que sería vinculante. Recordemos que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) identificó como el origen de la crisis política y social en Bolivia, el incumplimiento a los resultados del referéndum de 2016.
Asimismo, el informe final del análisis sobre las elecciones de 2019, efectuado por la Organización de Estados Americanos (OEA), en sus conclusiones afirma que hubo una «manipulación dolosa» e «irregularidades graves» que hacen imposible validar los resultados emitidos originalmente por las autoridades electorales bolivianas. El organismo internacional confirmó el fraude. Fue en ese momento en que se produjo el desbande del gobierno, y Morales fugó a México, junto a sus más estrechos colaboradores, mientras ministros, directivos de la Asamblea Legislativa, y dirigentes políticos oficialistas, pedían asilo o se iban al exterior, dejando a nuestro país, sin gobierno. En ese momento se tejió una nueva historia. Se inició el proceso de sucesión constitucional, frente al vacío de poder.