Uno de los más graves atentados a la democracia ha sido la destrucción de las bases y confianza en el Órgano Electoral Plurinacional, que ha sufrido un desmantelamiento operativo, legal e institucional gradual, acentuado hacen un año, cuando la correlación de fuerzas políticas hizo inaplicables los principios de resguardo de los principios democráticos en el seno de ese organismo, a raíz del alejamiento de varios de sus miembros. Desde ese momento, la desconfianza en las actuaciones del Tribunal Supremo Electoral, se acentuaron, confirmando los temores de un alejamiento del respeto a la legalidad.
Ahora, está en curso la auditoría de la OEA sobre el proceso electoral en momentos en los que surgen nuevas evidencias de presuntas irregularidades, que esta vez, surgen del propio informe de la empresa que operó el sistema digital utilizado en las elecciones. A ello se suman nuevas renuncias de funcionarios del Órgano Electoral Plurinacional (OEP), que se apartan frente a una situación que muestra, cada vez con mayor aprensión y sospecha, la manipulación de los resultados. A estas suspicacias se suma la desconfianza ante la misión de auditoría la Organización de Estados Americanos, debido al respaldo que el secretario general de ese organismo brindó a la candidatura oficialista. De los nuevos informes que los medios de comunicación publicaron en las últimas horas se establece que fue la presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), María Eugenia Choque, quién ordenó, vía teléfono la noche del domingo 20 de octubre, la paralización del conteo rápido de actas del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), porque había un «cambio repentino de la tendencia entre el MAS y CC».
La empresa contratada por el Tribunal Supremo Electoral para el registro y cómputo de actas y votos, Neotec, en su informe sobre el trabajo del sistema TREP, reveló que el 20 de octubre, aproximadamente a las 20:30, en la sede del TSE, los vocales presentaron los siguientes argumentos para la interrupción: 1) el uso de un servidor no monitoreado; 2) el aumento inesperado de tráfico para verificación de actas desde el servidor, y 3) el cambio repentino de la tendencia entre el MAS y CC. El informe también revela que aproximadamente a las 20:10 del 20 de octubre, se cortó el Internet en oficinas del Sereci de La Paz, donde se hacía el conteo de la TREP.
Los estudios efectuados por especialistas, así como centenares de denuncias de irregularidades tanto de ciudadanos como de vocales e instituciones, han dejado en absoluta indefensión técnica, lógica y ética a los miembros del TSE. Para agravar la situación continúan las renuncias de miembros del Organismo Electoral. La presidente de Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz, Sandra Kettels, y la directora nacional económica financiera del Tribunal Supremo Electoral (TSE), María Teresa Becerra, renunciaron a sus cargos por desacuerdos con la Sala Plena del Órgano Electoral Plurinacional (OEP). La crisis institucional que sufre ese organismo rector electoral y depositario del cuidado y respeto de la voluntad ciudadana, ha llegado ya a un grado insostenible que encamina al organismo hacia su desmantelamiento institucional.
Desde la renuncia de Katia Uriona, presidente titular del TSE en octubre de 2018, se han sucedido una serie de alejamientos que han debilitado al organismo. Katia Uriona presentó renuncia irrevocable al cargo de vocal y a la Presidencia del Tribunal Supremo Electoral (TSE), argumentando que se encontraba preocupada por la institucionalidad del Órgano Electoral. En su carta de renuncia presentada ante el Vicepresidente del Estado y presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Uriona destacaba que pese a su empeño para que sus actuaciones se enmarquen en las normas «la Sala Plena, instancia colegiada y máxima para la toma de decisiones, ha llegado a una situación de estancamiento en la toma de decisiones referida a temas fundamentales para el resguardo de la institucionalidad y los principios y valores comprometidos por mi persona».
Hasta ahora, se han producido más de 40 renuncias y despido de personal clave, entre ellos, vocales, jefes jurídicos, funcionarios de comunicación, personal técnico e informático. Algunos renunciantes han argumentado desde decisiones inconsultas hasta «desacuerdo con las interpretaciones a la normativa electoral al cierre del cómputo nacional en el marco del artículo 177 de la Ley 026…». Los temores sobre el debilitamiento institucional de la ex Presidente del TSE en octubre del 2018 se han confirmado en el curso del proceso electoral con transgresiones a la Constitución Política del Estado y a las normas de protección y respeto a la voluntad ciudadana surgida de las urnas.