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jueves, diciembre 1, 2022
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Destituido un fiscal vinculado con el caso de feminicida y violador serial

El Ministerio Público informó este miércoles sobre la destitución de dos fiscales, uno de ellos relacionado con el caso de un feminicida y violador serial, cuya impunidad y libertad han despertado indignación en el país y pusieron en la mira al sistema judicial y las fuerzas de seguridad.

El fiscal, cuyo nombre no fue precisado, fue «destituido y apartado de la carrera fiscal» tras conocerse que estuvo «involucrado en las actuaciones del exjuez», que liberó en su momento al feminicida, pues fue su secretario, explicó el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa.

El otro funcionario destituido fue encontrado en flagrancia con dinero para acelerar un proceso en Santa Cruz, indicó Lanchipa, según un comunicado de prensa del Ministerio Público.

El fiscal general también aseguró que ha instruido la inspección de las Fiscalías Especializadas que atienden casos de feminicidios y violaciones para verificar si están actuando o no con transparencia y advirtió de que se actuará con rigor si se detectan irregularidades.

Lanchipa sostuvo que pidió firmar convenios con el Tribunal Supremo de Justicia y el Ministerio de Gobierno para que «se interopere las actuaciones de los jueces de Ejecución Penal y la Dirección de Régimen Penitenciario y así poder realizar un seguimiento al cumplimiento efectivo de las condenas», según el comunicado.

La Fiscalía también pidió dar prioridad a la realización de los juicios orales por feminicidios y violación para que se efectúen de inmediato y sin interrupciones.

Sobre el caso de Richard Choque Flores, Lanchipa aseguró que las fiscalías especializadas están interviniendo en las investigaciones referidas a los delitos cometidos por el sujeto y los presuntos actos de corrupción de los funcionarios que lo liberaron pese a tener una condena de 30 años de cárcel sin derecho a indulto.

Choque Flores fue detenido a finales de enero pasado por una denuncia de extorsión y abuso sexual que destapó otros delitos cometidos por el hombre, incluidas 77 violaciones y los feminicidios de dos adolescentes reportadas como desaparecidas en 2021 y cuyos cuerpos fueron hallados enterrados en su domicilio.

Tras su detención, también se conoció que asesinó hace once años a un primo suyo.

En 2013 fue condenado a 30 años de cárcel sin derecho a indulto por asesinar a una joven, pero aun así fue liberado en 2019 por el juez Rafael A. bajo el argumento de que el condenado padecía una supuesta enfermedad incurable.

El juez fue encarcelado preventivamente y también fueron aprehendidos una trabajadora social, un médico y otros funcionarios judiciales presuntamente vinculados con el suceso.

El caso desató indignación y provocó, entre otras reacciones, una masiva marcha de mujeres para repudiar la violencia machista y expresar su rechazo a la corrupción en el sistema judicial.

Ante esto, el Gobierno estableció una comisión para detectar irregularidades en los procesos por feminicidio, aunque las organizaciones feministas dudan de la efectividad de esta instancia porque no es la primera que se crea.

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