La Policía aprehendió este jueves al cocalero César Apaza, el segundo dirigente de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) detenido por la protesta que derivó en la destrucción de un mercado paralelo abierto por un sector afín al oficialismo para la venta de la planta en La Paz.
La Policía confirmó en una publicación en su página oficial en Facebook que Apaza fue aprehendido en esta jornada en el barrio paceño de Villa Fátima en cumplimiento de una «orden fiscal» y «por un concurso de delitos investigados por el Ministerio Público».
Entre los delitos por los que es investigado figuran «instigación pública a delinquir, organización criminal, incendios, secuestro, lesiones leves, graves y gravísimas, robo agravado e impedir o estorbar el ejercicio de funciones», según la publicación.
El dirigente, que preside el «Comité de Autodefensa de Adepcoca, fue llevado a la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc) donde aguarda para comparecer ante un juez cautelar, añadió la Policía.
La semana pasada también fue detenido y encarcelado preventivamente el presidente de Adepcoca, Freddy Machicado.
Denuncias de los cocaleros
Los dirigentes cocaleros Rosalba Vargas, Reynaldo Laura y Erlin Pari denunciaron ante los medios que Apaza fue «secuestrado y torturado» por los agentes que esta madrugada lo sacaron a rastras y rociando gases lacrimógenos en la sede de Adepcoca en Villa Fátima.
Vargas denunció una «cacería» por parte del Gobierno de Luis Arce contra los cocaleros de la zona de Los Yungas, en el departamento de La Paz, y advirtió de que no se «van a callar» y que las mujeres yungueñas se organizarán para defender al sector.
«Nos van a cazar uno, dos, tres, pero tenemos por detrás 43.000 socios productores de coca de la zona originaria y ancestral. Hoy más que nunca estamos fortalecidos y damos pleno respaldo a nuestros compañeros que están detenidos», manifestó por su parte Laura.
El dirigente consideró que «estamos viviendo una dictadura del Gobierno y del Ministerio de Justicia» y cuestionó que hasta ahora no haya cito citado a declarar el dirigente Arnold Alanes, que está al frente de la facción cercana al Gobierno.
A su turno, Pari sostuvo que los cocaleros respetan al presidente Arce y su gestión, pero deploró que el Ejecutivo no respete a los dirigentes «legítimamente elegidos por sus bases» y que fomente los paralelismos y divisiones en las organizaciones sociales.
La ley General de la Coca vigente desde 2017 reconoce solamente dos mercados para la venta legal de la hoja de coca, el de Villa Fátima que administra Adepcoca en La Paz y el de Sacaba, en Cochabamba.
No obstante, el sector de Alanes, que asegura ser dirigente legítimo de Adepcoca y tiene aval gubernamental, abrió otro establecimiento en La Paz en 2021 y que fue destruido el pasado 8 de septiembre por el otro grupo de cocaleros, que afirma ser mayoritario y reclamó varias veces al Gobierno el cierre de ese mercado paralelo.
El ministro de Justicia, Iván Lima, sostuvo que la Fiscalía actuó «ajustada al debido proceso» en la detención de Apaza y dijo que su defensa puede reclamar ante el juez por ello si lo ve necesario.
«El debido proceso en el país está garantizado, a diferencia de los tiempos no democráticos. Tenemos un Ministerio Público que toma este tipo de determinaciones para garantizar la dignidad de las personas», afirmó.
Lima justificó la investigación contra los cocaleros de Adepcoca porque, según dijo, «ha habido grandes violaciones de los derechos humanos» y «nadie puede hacer justicia por mano propia».
Justicia criticada
La Fiscalía y el órgano Judicial han estado en la mira por males crónicos como la mora procesal o la corrupción, pero también por una falta de independencia según han observado entidades internacionales como Human Rights Watch (HRW).
Mientras estuvo en Nueva York por la reciente Asamblea General de Naciones Unidas, el presidente Arce consideró que estas entidades hacen declaraciones sin estar «suficientemente» informadas y aseguró que «en Bolivia no existe ningún tipo de supeditación de la justicia».
El principal investigador de HRW, César Muñoz, replicó en un hilo en Twitter que el organismo «ha documentado, con casos concretos, el uso político de la justicia» en los Gobiernos de Evo Morales, Jeanine Áñez y Arce.
También mencionó reportes de entidades de Naciones Unidas y el Comité contra la Tortura, entre otros, que se han referido «a la falta de independencia judicial en Bolivia».
«Pero para @LuchoXBolivia todos están equivocados. Mágicamente, sin que haya cumplido su promesa de promover una reforma estructural, ahora la justicia es imparcial y no se pliega a intereses externos. El presidente está intentando tapar el sol con un dedo», agregó.