El concepto de democracia es muy amplio, pero fundamentalmente representa respeto a la voluntad popular. ¿Se respetan en Bolivia los principios democráticos? Vale la pena reflexionar sobre estos temas hoy, al recordarse el Día Internacional de la Democracia, que fue instituido por la Asamblea General de las Naciones Unidas, cada 15 de septiembre, en torno a un lema, y este año 2023 es: «Empoderar a la próxima generación». La ONU dice que la democracia debe progresar, y es fundamental el papel de los jóvenes en ese progreso. Se trata de crear un entorno en el que los jóvenes comprendan que su voz cuenta. Aunque hay muchas definiciones, la democracia es concebida como un régimen basado en el estado de derecho, en el que mediante elecciones libres y transparentes se eligen a los principales funcionarios del Estado. Pero sus alcances son más amplios puesto que requieren la participación real de la gente en las decisiones que afectan su vida y la posibilidad de alcanzarlas a través de la deliberación, así como la eficacia en los resultados de las políticas implementadas. En otras palabras, la posibilidad de evaluar el resultado de una función de gobierno.
En Bolivia, hay varias formas de efectuar esa evaluación, pero no se cumplen. Primero está la fiscalización a cargo del Órgano Legislativo, que lamentablemente, por decisión del gobierno actual ya no está en vigencia, al haberse eliminado la facultad legislativa de interpelar a los ministros de Estado. Esa situación está generando un conflicto de poderes. Otras formas de fiscalización son el Control Ciudadano (inoperable en forma práctica) y las funciones de la Contraloría General del Estado, que en la actualidad parece una institución fantasma ahogada por la enorme cantidad de denuncias de corrupción. Asimismo, para que la democracia funcione se requiere de otros factores indispensables, como la independencia de poderes, la necesidad de la alternancia en el poder, el funcionamiento de un sistema judicial independiente, transparencia en la administración de los recursos públicos, y otros, que en el caso de nuestro país, han quedado eclipsados. Daniel Zovatto, director regional del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA), considera que la «democracia está amenazada», a nivel global, pero al acercarse a Latinoamérica el panorama «empeora». En un análisis titulado «Las amenazas para América Latina este 2023», Zovatto dice que «vivimos el proceso de recesión democrática más agudo de las últimas tres décadas debido a que en muchos países el sistema político está roto, los niveles de confianza en los partidos tradicionales y en las instituciones es bajo, y el contrato social ha perdido legitimidad».
Hace 15 años solo Cuba se consideraba como un régimen autoritario en la región. Al comienzo de 2022 se han sumado tres más, Nicaragua, Venezuela y Haití, este último considerado «estado fallido», explica Zovatto. En un artículo publicado en The Economist, considera que siete países de las Américas «perdieron su condición de democracias, convirtiéndose en regímenes híbridos». En la lista figuran países como El Salvador, Guatemala, Honduras, Bolivia, Paraguay, Ecuador y México. «Los últimos cuatro casos, otros índices los califican como democracias de baja calidad», opina Zovatto.
La revista virtual «Latinomerica21» publicó un artículo de Manuel Alcántara, Profesor Emérito de la Universidad de Salamanca, que analiza varios estudios que efectúan mediciones de la calidad de la democracia en la región y en el mundo. Considera que un análisis minucioso comparado de estos trabajos permite llevar a cabo tres tipos de acercamientos al estado de la democracia. Explica que en primer lugar, se constata una vez más la enorme heterogeneidad de la región. Combinando los informes publicados, que tienen un notable grado de congruencia, los países pueden encuadrarse en cinco grupos en función de su grado de democracia (otras fuentes hablan de calidad de su democracia). Uruguay, Costa Rica y Chile se encuentran en el lugar más alto; Panamá, Argentina, Brasil, Colombia y República Dominicana están en el grado medio-alto; en una posición intermedia están Ecuador, México, Paraguay y Perú; mientras que Bolivia, El Salvador, Guatemala y Honduras aparecen en el grado medio-bajo; y en el menor nivel se sitúan Cuba, Nicaragua y Venezuela.
No debe extrañar que nuestro país aparezca en las evaluaciones situado en las posiciones de baja calidad democrática, ya que tenemos que reconocer que la mayoría de los atributos de la democracia son incumplidos sistemáticamente; no se respeta el estado de derecho, la justicia está politizada, no hay transparencia, no se respeta la voluntad ciudadana, se transgreden los mandatos de la Constitución Política del Estado y se ha destruido la institucionalidad, que es uno de los fundamentos para que las entidades cumplan la función para la que han sido creadas. Pero no todo está perdido, ya que se ha establecido que la mayoría de los ciudadanos apoya la democracia, es perfectamente posible que con su activa y decidida participación se logre el consenso que defienda el proceso democrático que por el momento está deteriorado.