Nuevamente los hechos de corrupción sacuden al país ampliando su escenario. No es nada nuevo y en todo caso hay una constante que se evidencia que este tipo de situaciones se llega a conocer por accidente y no precisamente por voluntad de investigación. Se estableció que el caso de los ítems fantasmas venía arrastrándose desde hace varios años. Pero este caso, como otros, tiene como otra constante la impunidad, y son apenas la epidermis del problema que tiene profundas raíces. Ayer 9 de diciembre se recordó el Día de la lucha contra la corrupción, y nuestro país aparece en los indicadores globales entre los más vulnerables en la región. El Índice de percepción de corrupción (IPC) es un indicador publicado de forma anual desde 1995 por la institución no gubernamental Transparencia Internacional que tiene sucede en Alemania.
Este índice clasifica a los países «por sus niveles percibidos de corrupción en el sector público», determinado por las encuestas de opinión y evaluaciones de expertos. El IPC define la corrupción como «el uso indebido del poder público para beneficio privado». El Índice publicado en 2021 con datos del año pasado, clasifica a 180 países en una escala de 0 (muy corrupto) a 100 (muy limpio) según la situación determinada para cada país entre mayo de 2019 y mayo de 2020. En la última lista, las seis naciones que se perciben como las menos corruptas son Dinamarca, Finlandia, Nueva Zelanda, Singapur y Suiza, mientras que desde 2012, Somalia es percibido como el país más corrupto del mundo, En el caso de Latinoamérica, Venezuela se encuentra entre los países con peor puntuación. Bolivia figura en el poco honorable puesto 124. Los menos corruptos son Uruguay (en el puesto 21 con 71 puntos) y Chile (en la posición 25 con 67 puntos).
Desgraciadamente, las principales instituciones del país han adquirido experiencia en los mecanismos para eludir responsabilidades y tapar graves irregularidades bajo un manto de impunidad. Por ello tampoco extraña a nadie que Bolivia figure entre los países con baja calificación en materia de lucha contra la corrupción, y en lo que va del siglo XXI, todos los informes de Transparencia Internacional han asignado notas pésimas a nuestro país. Desgraciadamente hay una realidad que pone en evidencia que más son los amagues que la lucha efectiva contra la corrupción. Los seis gobiernos de los últimos 21 años han anunciado lucha contra la corrupción, y han aprobado leyes y crearon entidades especializadas, pero el mal continúa, debido a que todos los regímenes repiten los mismos errores, que se pueden sintetizar en mantener la impunidad, que es factor que alienta la corrupción a lo que se suma la destrucción de la institucionalidad, afectación de la independencia de la Justicia, y aprobación de decretos que autorizan compras directas y gastos que carecen de controles, lo que hace aparecer a las arcas del Estado abiertas para cualquier tentación, mientras la Contraloría General de la República, y el Poder Legislativo, ya no cumplen su función fiscalizadora.
La corrupción está enquistada porque subsisten las oportunidades que favorecen la irregularidad, que surge debido a que existen factores que, según estudios latinoamericanos especializados, son causa directa de la corrupción, entre ellos, las economías cerradas y excesivamente reguladas; empresas públicas sin gobiernos corporativos fuertes y con la existencia de ingresos deficientemente controlados; la existencia de legislación que permite decisiones discrecionales, como adquisiciones directas o simplificación de trámites. Además de ello, existe una acentuada debilidad de las instituciones fiscalizadoras y de los mecanismos de rendición de cuentas; la opacidad en las oficinas estatales; la selección de funcionarios públicos sin importar sus méritos, sino sus vínculos personales o políticos. Y lo peor, la retardación de justicia y el sometimiento del sistema judicial al poder político.