La delicada coyuntura política que vive el país puede echar por tierra al proceso democrático, porque se está desviando el rumbo de la legalidad institucional, y da la impresión de que el país es gobernado desde fuera de la llamada «Casa Grande del Pueblo» o del exPalacio de Gobierno, y da la impresión que el presidente constitucional del Estado va perdiendo autoridad, o está dejando de ejercer a plenitud sus prerrogativas. Las diversas tendencias que afloraron en el Movimiento Al Socialismo (MAS) están distorsionando los principios democráticos y afectando la gestión de gobierno. Hay grupos que buscan la hegemonía en el poder y otros que se aferran al control, así como alguno que busca su supervivencia.
El jaloneo de estas tendencias no es novedoso, se movía internamente en la penumbra, pero ahora se ha tornado abiertamente visible. Exige cambios y cuotas de poder, dejando mal parada la imagen del presidente Luis Arce que se debate entre aparecer como el legítimo jefe del gobierno constitucional, o responder definitivamente a quien gobierne detrás del trono. Parece que la dicotomía se instaló en la actual administración.
Lo más triste es que ya parece perdido el cauce de profundización del proceso democrático que vivía el país por los aportes de varios factores, entre ellos, la creciente participación ciudadana en la vida nacional, y la exigencia en el cumplimiento a la Constitución Política del Estado y el ordenamiento jurídico. Ese objetivo parece que ha sido cambiado por la inclinación al control absoluto, olvidando que solamente el ejercicio pleno de los derechos, obligaciones y respeto a las prerrogativas de los demás, podrá fortalecer una armónica relación entre los Órganos del Estado Plurinacional, y entre estos y la ciudadanía; entre las regiones y el gobierno central y entre los propios departamentos, y especialmente entre las fuerzas políticas.
El avance ciudadano ha tirado por tierra algunas prácticas antidemocráticas, pero quedan mucha otras por superar, de manera que no se está pudiendo frenar la tentación de acumular el poder absoluto, distorsionando la democracia. Los avances alcanzados hasta ahora no se los puede echar por tierra por una mala comprensión de la voluntad popular. El sistema democrático, con todas sus deficiencias, asigna sabiamente prerrogativas a las mayorías y derechos a las minorías. Su respeto y acatamiento es la base de la legitimidad. El acatamiento de las minorías a la voluntad de las mayorías, también es una base del sistema democrático.
La actual Constitución Política del Estado reafirma la independencia de poderes y delimita las atribuciones de los órganos Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral y señala que «la organización del Estado está fundamentada en la independencia, separación, coordinación y cooperación de estos órganos». La distorsión de estos principios, confundiendo el respaldo ciudadano con una carta blanca para hacer y deshacer, hace que las prerrogativas de la mayoría sean mal administradas, o no se comprendan en su justa dimensión democrática. El evidente respaldo popular que ha logrado el MAS, basado fundamentalmente en el liderazgo de Evo Morales, tiene una influencia decisiva en el actual gobierno de Arce Catacora, inclusive más allá de lo aconsejable.
Bajo esa línea, es muy difícil encontrar consensos y hacer que el poder central gobierne para todos los bolivianos. Durante el régimen de Evo Morales había un sesgo ideológico y político que poco a poco se alejó de las propias normas constitucionales, en desmedro del sistema, estableciendo una línea de acción desde el Chapare. El sector cocalero pretende inclinar el poder restándole autoridad al actual mandatario. Lo aconsejable hubiera sido que esa mayoría del MAS respalde institucionalmente a su gobierno y no se vuelque por favorecer a un sector en desmedro del resto del país. Inclusive lo ideal sería que el poder mayoritario extienda su ámbito de acción para todo el país, que respete a su propio gobierno, reconociendo que su legalidad proviene de las urnas, y que también respete a las minorías que representan a más del 40% del electorado. Desgraciadamente ya hay una realidad en la que la Justicia actúa sumisamente bajo una sola dirección, la Asamblea Legislativa, el Órgano Electoral y el Ejecutivo responden al Chapare, lo que demuestra una grave distorsión de la institucionalidad del país.
La principal manifestación de la actual pugna de poder se dio en pedir cambios en el gabinete. Desde el Chapare se presiona por introducir gente de su confianza, pero también se reveló que existe otra tendencia contraria a esa idea. Un periódico del oriente dice que existe el ala renovadora del Movimiento Al Socialismo (MAS) que no quiere a los allegados de Juan Evo Morales en el aparato estatal. Esta nueva corriente pide que los cercanos al expresidente sean destituidos de sus cargos en el Ejecutivo y en el servicio exterior, según publicó El Deber. Por otra parte, el presidente Arce tiene la presión de las otras facciones del MAS que ven en la actual coyuntura una forma de lograr mayores cuotas de poder. ¿Cómo se definirá esta dicotomía?, ¿el presidente hará respetar sus prerrogativas, ejercerá el poder real?