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viernes, marzo 1, 2024
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Dictan ocho años de cárcel para Alcalde de Bermejo por enriquecimiento ilícito

El Tribunal Primero de Sentencia de la ciudad de Bermejo condenó al alcalde Delfor Burgos (MAS), a ocho años de reclusión por los delitos de concusión y enriquecimiento ilícito, informó el fiscal departamental de Tarija, Carla Oller Molina.

Similar sanción fue impuesta contra el exdirector de protocolo del mismo municipio, Ciro Antonio Chávez Estrada, por los mismos delitos.

Aunque la pena debe ser cumplida en el Penal de Morros Blancos de Tarija, una eventual apelación anunciada por la defensa de los condenados, podría impedir por el momento que ambos servidores sean recluidos.

De acuerdo a la Fiscalía, ambos funcionarios fueron sindicados por pedir y recibir, en cuentas personales, sumas de dinero de empresarios para que estos puedan adjudicarse licitaciones públicas.

Asimismo, dentro de la investigación se pudo evidenciar que el dinero solicitado presuntamente se realizaba para cubrir algunos gastos que tenía el alcalde Burgos.

Durante el desarrollo de la audiencia de juicio oral se demostraron varios depósitos en la cuenta bancaria de Chávez, por lo que en repetidas ocasiones recibió el dinero de terceros como pago por adjudicación de obras y proyectos, en la ciudad de Bermejo.

«La Fiscalía ofreció pruebas contundentes que demostraron la culpabilidad y autoría de los sujetos, por lo que la autoridad jurisdiccional determinó la privación de libertad de los sindicados», manifestó.

Oller agregó que dentro de las pruebas ofrecidas se tiene las declaraciones testificales, extracto de llamadas telefónicas y de cuentas bancarias, requerimiento ante Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), requerimientos para adquirir los contratos de la obra y proyectos, informe de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) y otras pruebas.

La gestión del Alcalde tiene una de las adjudicaciones más cuestionadas como es la contratación de una empresa para la instalación de 300 cámaras de vigilancia, en el marco de un plan de seguridad ciudadana, que nunca llegaron a funcionar, pese al gasto de 18 millones de bolivianos a cargo de la Subgobernación.

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