El magistrado del Tribunal Constitucional de Bolivia que fue denunciado por supuesta violencia doméstica por agredir física y verbalmente a su esposa renunció ayer a su cargo de forma irrevocable, informó una fuente del Legislativo.
Orlando Ceballos presentó una carta a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados de Bolivia informando sobre su «renuncia irrevocable» al cargo de magistrado del Tribunal Constitucional, dijo a los medios el presidente de la Cámara baja, el oficialista Víctor Borda.
Según las normas vigentes, cuando un magistrado renuncia «debe presentar su carta al órgano electoral y hacer conocer también a la presidencia de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados», lo que en el caso de Ceballos ocurrió en esta jornada, indicó Borda.
Ceballos fue uno de los altos magistrados elegidos en los comicios judiciales celebrados en diciembre de 2017 en Bolivia, en los que hubo una mayoría de votos nulos.
El magistrado fue denunciado en marzo pasado «por violencia intrafamiliar» por su esposa ante la Fiscalía de Sucre, la capital de Bolivia y de la región de Chuquisaca, que es además sede del poder judicial boliviano.
La mujer retiró después la denuncia al argumentar que solo fue una discusión conyugal, según recogió en su momento la prensa boliviana.
Pese a esto, la Fiscalía continuó con las investigaciones y presentó la semana pasada una acusación formal por el supuesto delito de violencia doméstica contra Ceballos, solicitando su detención domiciliaria sin derecho al trabajo.
El caso generó pedidos de renuncia del juez tanto por parte de parlamentarias del gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS) como de partidos opositores como Unidad Demócrata.
Por contra, Ceballos fue respaldado por organizaciones afines al oficialismo o desde instancias de la Gobernación de Chuquisaca.
La Cámara de Diputados admitió a fines de abril una denuncia en contra de Ceballos para iniciarle un juicio de responsabilidades por los supuestos delitos de incumplimiento de deberes, vulneración de garantías y violación de derechos fundamentales y convencionales.
Borda explicó que en ese caso lo que corresponde es «archivar obrados», porque «una de las consecuencias efectivas» del juicio de responsabilidades es la destitución del cargo y como Ceballos renunció, «ya no tendría razón de ser este proceso».
No obstante, la renuncia no tiene «ningún efecto jurídico legal», por lo que deberá continuar el proceso iniciado por la Fiscalía, agregó el diputado.