La Cámara de Diputados inició este lunes el tratamiento del proyecto para abrogar la polémica ley que dio pie a una huelga que se cumple de forma parcial desde hace ocho días, con sectores que aseguran que se mantendrán movilizados hasta que la norma sea anulada en firme.
La sesión en la Cámara Baja comenzó al final de la tarde con la aprobación unánime de la «dispensación de trámite» para agilizar el tratamiento del proyecto de abrogación de la ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento al Terrorismo.
Una vez que esta instancia lo apruebe, el proyecto pasará al Senado, que prevé sesionar a primera hora del martes para tratar el documento y luego enviarlo al Ejecutivo para que lo firme el presidente del país, Luis Arce, cumpliendo así la promesa que hizo el sábado de que abrogará la cuestionada norma.
Mientras se cumplen estos trámites en el legislativo, sectores como los transportistas, gremiales o comerciantes informales, comités cívicos y plataformas ciudadanas mantuvieron en esta jornada los bloqueos callejeros y manifestaciones en ciudades como Cochabamba, Santa Cruz, Potosí, Sucre y La Paz.
Estos sectores sostienen que el conflicto «no se soluciona con palabras sino con papeles firmados», como lo aseguró a Efe el representante regional de los gremiales de Cochabamba, Omar Rodríguez.
Algunos gremios aseguran que se desmovilizarán una vez que la ley, que consideran que es contraria a las libertades ciudadanas, sea abrogada.
Otros sectores como el comité cívico de Santa Cruz, bastión opositor y motor económico del país, prevén mantener la presión hasta conseguir otras reivindicaciones adicionales, como la anulación de leyes consideradas «malditas» y la restitución de los dos tercios de votación en los debates parlamentarios.
Tensión latente
Bolivia no ha podido superar las tensiones y polarización vigentes desde 2019, con un oficialismo que insiste en que ese año hubo un golpe de Estado contra el entonces presidente Evo Morales y la oposición que defiende que la crisis fue consecuencia de un fraude a su favor en los fallidos comicios generales de ese año, luego anulados.
Estas tensiones se han reavivado con el conflicto actual pues las manifestaciones contrarias a la ley han sido respondidas con otras movilizaciones de sectores oficialistas que aseguran «defender» a la democracia y al Gobierno de Arce ante lo que consideran intentos de desestabilizar al Ejecutivo.
El oficialismo insiste en que las protestas son un «pretexto» para gestar un nuevo «golpe de Estado» como consideran que sucedió en 2019, ante lo cual Arce ha llamado a sus leales a estar en «movilización permanente» contra el «enemigo».
En ciudades como Tarija y Sucre hubo movilizaciones tanto de oficialistas como de sectores contrarios a la ley, pero fue en La Paz donde la tensión estalló a raíz de una reunión convocada por la Alcaldía para definir medidas hasta que se consolide la anulación de la norma cuestionada.
Mientras la Asamblea de la Paceñidad se desarrollaba, en las puertas del Palacio Consistorial se enfrentaron partidarios del alcalde opositor Iván Arias y grupos del gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS), dando lugar a una intervención policial con gases lacrimógenos para separar a ambos bandos.
Arias deploró que los oficialistas hayan provocado destrozos en el edificio municipal lanzando huevos, pintura roja y piedras.
La reunión en La Paz definió, entre otros, realizar una marcha este miércoles y exigir la restitución de los dos tercios en el Parlamento.
Conflicto parlamentario
El proyecto para abrogar la ley 1386 fue aprobado en la Comisión de Constitución de Diputados con el rechazo de las fuerzas opositoras Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos que cuestionaron la Exposición de Motivos del documento.
«Denunciamos que en La Comisión de Constitución pretenden generar una narrativa falsa sobre la Abrogación de la Ley 1386 acusando a los transportistas, gremialistas y al pueblo en general de generar violencia y un Golpe de Estado», denunció en Twitter el jefe de la bancada de Creemos en la Cámara Baja, José Carlos Gutiérrez.
Las mismas críticas hizo CC, del expresidente Carlos Mesa, ante la acusación del MAS de que los parlamentarios opositores supuestamente se negaban a tratar el proyecto de ley.
«La desvergüenza del MAS no tiene límites. La exposición de motivos para abrogar la Ley 1386, elaborada por el MAS habla de sedición, desinformación, violencia organizada y apoyo extranjero en las movilizaciones. CC denuncia esta infamia que busca criminalizar al pueblo boliviano», escribió Mesa en Twitter.