El director del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Humberto Arandia, confirmó este miércoles su renuncia a cinco meses de que se realice el censo de población y vivienda en Bolivia, del que dio «garantía» de su desarrollo.
Durante una rueda de prensa en La Paz, Arandia argumentó una «baja médica» desde hace un mes por un «accidente» que le dejó daños en la pierna además de secuelas de «carácter neuronal» que lo obligan a alejarse del cargo.
Arandia fue enfático al mencionar que bajo ningún motivo permitirá «que se melle la dignidad» del INE y negó categóricamente que su renuncia se deba a «problemas asociados al censo».
La carta de renuncia de Arandia trascendió a los medios en la víspera y, aunque inicialmente fue negada por el INE, finalmente se admitió que era verídica.
El funcionario afirmó que «el censo está en marcha», que se realizó la actualización cartográfica, la socialización de la labor y que inclusive la boleta censal está concluida.
Quiero «dar la garantía plena a la población y demostrar nuestro compromiso que el censo no corre ningún riesgo», mencionó Arandia.
El censo previsto para el próximo 16 de noviembre y costará unos 68 millones de dólares tomando en cuenta el proceso previo y posterior de registro de información.
De ese presupuesto, 40 millones de dólares son parte de un crédito del Banco de Desarrollo – Fonplata, mientras que 26,4 millones pertenecen a un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y 1,6 millones son del Tesoro General de Bolivia.
La consulta despertó el interés en las regiones bolivianas, ya que de ella depende la redistribución de presupuesto para las universidades estatales, gobernaciones y municipios o la actualización de la representación parlamentaria de cara a los comicios generales de 2025.
La renuncia de Arandia provocó la reacción de la oposición parlamentaria que anteriormente lanzó críticas por la exclusión del término «mestizo» como parte de la identificación ética en la boleta de consulta.
«Que convoque a las regiones y reprograme este censo porque sino este será un fracaso, un engaño y un daño económico de 68 millones de dólares», aseguró a los medios el senador de la opositora Comunidad Ciudadana (CC) Rodrigo Paz.
A su turno, el rector de la estatal Universidad Gabriel René Moreno de Santa Cruz, Vicente Cuéllar, consideró que detrás del proceso censal existe un «incumplimiento de deberes» y que en realidad «no hay un trabajo serio de parte de los encargados» ya que no hay información sobre las etapas desarrolladas.
Por el contrario, el diputado del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) Héctor Arce, aseguró que la «renuncia de Arandia no pone en riesgo la realización del censo».
El último censo se realizó en 2012, con un costo de unos 55 millones de dólares, y con este se estableció de que en Bolivia la población era de 10.059.856 habitantes.
Actualmente, según datos del INE sobre población a abril de este año, Bolivia supera los 11,8 millones.