Una mujer de 36 años y otra de 33 son las nuevas víctimas fatales de la violencia machista en Bolivia que las autoridades han reportado este viernes en los departamentos de La Paz y Santa Cruz, respectivamente, y que elevó a 90 los feminicidios en 2022.
El primer caso corresponde a Andrea C.C., madre de dos niños, que tiene como principal sospechoso a su expareja, Bismar P.H. de 26 años, informó el fiscal Departamental de La Paz, William Alave.
El crimen se produjo la madrugada de este jueves en la población rural de Zongo, a unos 71 kilómetros de La Paz, cuando el acusado, bajo el consumo de alcohol, citó a la víctima y discutió con ella hasta que consumó la agresión.
El fiscal del caso Jhonny Callau mencionó que los indicios apuntan a que Bismar P.H. agredió a la mujer «en plena vía pública», una versión que fue reforzada por el testimonio de un testigo.
La autopsia determinó que la causa del deceso es una «muerte por anoxia, compresión cervical externa y asfixia mecánica por estrangulación», informó la Fiscalía.
A este caso se suma el que se produjo en la población oriental de San Ignacio de Velasco, en el departamento de Santa Cruz, y que tiene como víctima a Elenir P.D., de 33 años.
La mujer falleció a causa de una hemorragia ocasionada por la golpiza que le propinó su pareja, hecho que se produjo hace una semana y que la víctima no denunció por miedo a su agresor, aunque el responsable está arrestado, informaron los medios locales.
Ante la gravedad de sus lesiones, la mujer tuvo que internarse en un hospital hace dos días, pero falleció en la víspera, según el relato de los familiares.
Estos dos casos se suman a los 88 feminicidios que la Policía Boliviana cuantificó entre enero y la primera quincena de diciembre y que se han producido principalmente en La Paz (36), Santa Cruz (21) y Cochabamba (11).
Los recurrentes feminicidios colocan a Bolivia entre los países más violentos para las mujeres de la región, por lo que el Gobierno declaró 2022 como el «Año de la Revolución Cultural para la Despatriarcalización con una Vida Libre de Violencia Contra las Mujeres».
En Bolivia está vigente una normativa desde 2013 que castiga el feminicidio con 30 años de prisión sin derecho a indulto, pero pocos casos llegan a tener una sanción penal.
La propuesta de modificación a la ley 348, que el Parlamento aún no ha tratado, propone un «procedimiento penal especial» para sancionar los hechos de violencia que suprime las «etapas o audiencias innecesarias para llegar a juicio».