El presidente de Colombia, Iván Duque, y su antecesor, Juan Manuel Santos, expusieron sus diferencias en la lucha contra las drogas en una audiencia en la Corte Constitucional en la que se debatieron las aspersiones aéreas con el herbicida glifosato para combatir los cultivos ilícitos.
Mientras que para el Gobierno las plantaciones de coca son un problema de «seguridad nacional» que debe enfrentarse con todas las herramientas disponibles, incluidas las aspersiones con glifosato, actualmente suspendidas, hay sectores que consideran que éstas no deben ser retomadas.
El escenario de la discusión fue la audiencia pública convocada por la Corte Constitucional para hacer seguimiento a una sentencia suya sobre el uso del químico por los riesgos potenciales para la salud y el medioambiente ya que cuando se fumiga desde el aire puede caer más allá de los cultivos ilícitos.
Duque, que fue el primero en intervenir en una audiencia que incluyó a varios de sus ministros y otros funcionarios, así como académicos, expertos en salud y medioambiente, pidió a la Corte Constitucional «una modulación de la sentencia» que regula el uso del herbicida.
«La verdadera discusión es sobre la amenaza y los riesgos que enfrenta hoy nuestro país por cuenta del crecimiento vertiginoso, en los últimos años, de los cultivos ilícitos, y las consecuencias que esto trae para el orden público, la seguridad nacional, la protección y el tutelaje de los derechos fundamentales de los colombianos», manifestó el presidente.
A la audiencia también acudió Santos, quien gobernó el país entre 2010 y 2018 y suspendió las fumigaciones con glifosato en 2015 en acatamiento a una sentencia de la Corte Constitucional basada en el argumento de que el herbicida puede ser cancerígeno.
En 2017 el alto tribunal emitió un fallo en el que señaló que la única forma de reanudar el programa de fumigación aérea era mediante una investigación científica, que de forma «objetiva y concluyente, demuestre ausencia de daño para la salud y el medioambiente».
«La única forma efectiva y duradera de combatir la producción de hoja de coca en nuestro país es mediante procesos de sustitución voluntaria que ofrezcan oportunidades a los campesinos en la economía legal», manifestó por su parte Santos a los magistrados.
Según el expresidente, sería «un error» si se llega a retomar la aspersión con glifosato porque, considera, «es una estrategia que ya demostró su ineficiencia e ineficacia».
«Colombia ha luchado contra las drogas como ningún otro país. Una guerra que no se ha podido ganar en medio siglo es una guerra fracasada o, por lo menos, destinada al fracaso. Mientras haya consumo y prohibición, habrá mafias que se lucren de las rentas ilícitas», añadió.
Un informe de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca (Ondcp, por su sigla en inglés), divulgado en junio pasado, reveló que los cultivos de coca en Colombia aumentaron el 11 % en 2017 hasta alcanzar la cifra récord de 209.000 hectáreas.
Para completar el panorama, el martes pasado en Viena la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), un organismo de la ONU encargado de supervisar el cumplimiento de los tratados antidrogas, señaló que los cultivos de coca en Colombia suben «constantemente desde 2013», cuando alcanzaban 48.000 hectáreas, «hasta las 171.000 en 2017».
Ese crecimiento descontrolado es uno de los argumentos usados por el Gobierno para defender el regreso de las aspersiones aéreas, por lo cual Duque considera que se deben usar «todas las herramientas» contra los cultivos ilegales.
En la misma línea se situó el fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, quien aseguró que el país «no es viable» con las 200.000 hectáreas que tiene sembradas de coca y abogó por el regreso de las aspersiones aéreas.
Duque reforzó su argumento con la tesis de que el crecimiento agigantado de los cultivos de coca implica amenazas a la economía legal pues «entraña un negocio que puede estar trayendo al país de manera indebida cerca de 14.000 millones de dólares» en contrabando y lavado de activos, entre otros.
Según el mandatario, con el cultivo de coca y la producción de cocaína también sufre el medioambiente, en especial la selva tropical, porque a ella llegan unos 4,1 millones de litros de ácido sulfúrico usados en la transformación de la hoja en droga, además de otros químicos contaminantes.
Sin embargo Santos, que intervino unas cuatro horas después, le salió al corte y dijo que más fumigaciones no son iguales a menos cultivos ilícitos.
«Entre 2008 y 2013 la aspersión bajó y la producción también. El año 2013 ha sido el de más baja producción de este siglo. Estas cifras dicen que no se puede establecer una correlación entre aspersión y producción», explicó.
Santos promovió en su mandato un cambio de enfoque en la lucha contra las drogas que incluyó el combate a los capos del narcotráfico con todas las fuerzas disponibles, que el consumo fuera tratado como un problema de salud pública y que los eslabones más bajos de la cadena del tráfico de estupefacientes fueran abordados desde un punto de vista no punitivo.