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lunes, enero 30, 2023
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Duro golpe a los avasalladores de tierras

Pese a que el ordenamiento legal protege la propiedad privada y el uso de la tierra con fines lícitos, los avasallamientos en el país son la manifestación más evidente de la inseguridad jurídica, la impunidad y la precaria situación del derecho propietario, debido a la dejadez de las autoridades competentes para frenar esta ilícita actividad perpetrada por grupos organizados. Felizmente, el Gobierno ha comenzado a actuar frente a los atropellos y denuncias, determinando una serie de acciones destinadas a frenar esta situación. Se han identificado más de 200 casos de avasallamiento de tierras en predios fiscales, propiedades rurales, zonas en proceso de saneamiento, en los parques nacionales y en áreas urbanas.

Las autoridades del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y del Viceministerio de Tierras, reconocieron esta realidad. El director del INRA Eulogio Núñez, informó que el Gobierno conformó un Gabinete de Tierras, integrado por el Presidente, el Vicepresidente, cinco ministerios, tres viceministerios y tres direcciones. Ya en los primeros días de diciembre ese gabinete evaluó la situación, y comenzó a preparar los operativos. Dijo que se ha llegado al 90% de titulación de tierras en el área rural y solo un 10% está en proceso de saneamiento. A su vez el Viceministro de Tierras, Ramiro Guerrero aseguró que el Gobierno no tolerará los avasallamientos de tierras. Pidió a las autoridades del Ministerio Público y la Policía hacer cumplir la ley y explicó que los delitos son personales. En su criterio, «se debe castigar a los responsables sin estigmatizar a ninguna organización o partido político. Guerrero puso como ejemplo el caso de Las Londras, en Santa Cruz, que desde 2021 no tiene sanción para los avasalladores. «No se va permitir desde el gobierno que se avasallen tierras, sean privadas, del Estado o tierras fiscales porque hay una ley contra el avasallamiento de tierras, está penado, con cárcel», dijo.

El ministro de Gobierno, en declaraciones a un medio de comunicación de Cochabamba, señaló que es un problema que se genera desde hace mucho tiempo. Reveló que en la gestión 2017, existían 580 denuncias por avasallamientos y tráfico de tierras. En la gestión 2021, 367 denuncias y en la actual gestión 2022, se dieron 230 denuncias de avasallamientos y tráfico de tierras. Un promedio mensual de 26 denuncias en todo el territorio nacional. Para el ministro esos datos demuestran que en el actual Gobierno hay un mayor interés en combatir este ilícito, y se puede ver con las acciones que se están adoptando.

Finalmente el Gobierno ha decidido actuar en el marco de las previsiones de la Constitución Política del Estado y el ordenamiento jurídico y ha iniciado operativos para desalojar a los avasalladores en varias propiedades rurales. De esta forma se está atendiendo un reclamo que movió a organizaciones nacionales a deplorar la inacción de algunas dependencias, como la Fiscalía, la Policía, el INRA y otras que tienen tuición sobre el tema. Esta decisión del gobierno puede lograr un efecto disuasivo para los avasalladores, loteadores y traficantes de tierras, que hasta ahora han permanecido en la impunidad.

Las primeras intervenciones de las autoridades se efectuaron en Santa Cruz, donde se ha admitido inclusive que la toma de tierras está vinculada al narcotráfico; por primera vez, tienen lugar desalojos en Guarayos -una zona infestada de loteadores-, en Pailón y en el predio Kim, en la reserva ecológica de Las Lomas de Arena.

Se estima que en Cochabamba operan más de 100 loteadores en 14 zonas, quienes se caracterizan por controlar el tráfico ilegal de grandes superficies de tierras, hay 17 denuncias, según la información oficial, y uno de los casos más conocidos es el de la hacienda lechera de La Angostura, de propiedad de la familia Canelas, que fue recuperada por las autoridades, después de permanecer en poder de avasalladores desde hace dos años. El Instituto Nacional de la Reforma Agraria (INRA) y una fuerza policial de 500 efectivos han procedido al desalojo de 70 avasalladores. Es necesario destacar que es la primera vez en el país que se realiza un operativo de esta magnitud. La acción efectuada en Cochabamba abarcó un predio 584 hectáreas, 58 de las cuales son de la familia Canelas, según se ha informado a la prensa, y fue coordinada por el INRA, la Policía, la Gobernación de Cochabamba, la Brigada Parlamentaria de Cochabamba y el Ministerio Público.

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