El arresto del australiano Julian Assange, capturado por Scotland Yard en el interior de la Embajada de Ecuador en Londres, fue para el Gobierno del presidente Lenín Moreno como librarse de «una piedra en el zapato», aunque el camino parece seguir siendo pedregoso para el Ejecutivo ecuatoriano.
Y es que Moreno dejó el jueves sin asilo, lo que permitió el arresto, y suspendió la nacionalidad al fundador de WikiLeaks, quien ha sido pedido en extradición por Estados Unidos y lo quiere juzgar por piratería informática y conspiración para infiltrarse en sistemas del Gobierno.
El episodio levantó todo tipo de conjeturas sobre las supuestas intenciones que tendría el Gobierno de Moreno para haber actuado de tal forma, en ese momento y sobre una persona a la que el país le había concedido asilo desde 2012 y acogido en su sede diplomática.
Además, fue la administración de Moreno la que le concedió la nacionalidad ecuatoriana al australiano al que, además, intentó ubicarle como funcionario del país en el Reino Unido, para liberarse del cautiverio de años en una habitación de la Embajada.
El Gobierno ecuatoriano ha justificado su decisión en que ha actuado apegado al derecho internacional, sobre todo a varios protocolos sobre asilo, y a un código de conducta con el que pretendió regular su estadía en la sede diplomática.
El jurista ecuatoriano Ramiro Aguilar no tiene dudas de que el derecho internacional asiste a la posición del Ejecutivo ecuatoriano, pues es una prerrogativa que tienen los Estados para acoger o no a extranjeros.
Para él, el asilo no es un derecho, sino una facultad de los gobiernos para otorgarle a quien considere, pero también para retirarle de forma soberana y unilateral.
Sin embargo, Aguilar dijo que, según la Constitución ecuatoriana, el Estado debía argumentar con justificaciones de peso el retiro, ya que la norma establece que «todo acto del poder público tiene que estar motivado» de forma suficiente.
En este caso, la concesión del asilo tuvo su motivación en la posibilidad de que Assange, requerido por la justicia sueca por casos de delitos sexuales que ya prescribieron o no avanzaron por estar asilado, podía haber sido extraditado a Estados Unidos, donde podía enfrentar la cadena perpetua o pena de muerte.
El retiro del asilo, ahora, ha sido argumentado sobre la base de un supuesto incumplimiento de normas básicas de convivencia y de la intromisión del australiano en temas internos de otros países, pero también de Ecuador, ya que WikiLeaks ha difundido información sobre supuesta corrupción que salpica al presidente Moreno.
El expresidente ecuatoriano Rafael Correa (2007-2017), en cuya administración se concedió el asilo, ha calificado la decisión de su sucesor como «uno de los actos más atroces fruto del servilismo, la vileza y la venganza».
Este es un «crimen que la humanidad jamás olvidará», agregó Correa desde Bélgica, donde reside con su familia desde 2017.
Ecuador ha asegurado que, antes de poner fin a un asilo que consideraba ya insostenible, ha obtenido garantías de Gran Bretaña de que Assange no será extraditado a ningún país con «pena de muerte o malos tratos», en palabras del canciller José Valencia.
Para Aguilar, el tema legal es diáfano, el retiro del asilo es potestad del Estado que lo concede y comparó el caso Assange con el de Víctor Raúl Haya de la Torre, el líder aprista peruano que permaneció refugiado en la Embajada de Colombia en Lima entre 1949 y 1954 y de donde salió gracias a una gran presión internacional.
Aguilar considera que la decisión de Moreno no tiene tanto que ver con una aparente presión de Estados Unidos, sino que, más bien, obedece a la insistencia de grupos de la derecha política del país que no han visto con buenos ojos el asilo al australiano.
Además, opinó que a muchos ecuatorianos les ha «chocado la forma grotesca» en la que Assange fue sacado de la Embajada en Londres.
Si a todo esto se suma, según este analista, que el Gobierno de Moreno se vería forzado a dictar medidas de ajuste ligadas a un reciente acuerdo crediticio con el Fondo Monetario Internacional (FMI), los ingredientes podrían desatar en el futuro mediato una reacción social dura para el Gobierno.
Para Paola Pabón, una política ligada a Correa y que recientemente obtuvo en elecciones la prefectura de la provincia de Pichincha, cuya capital es Quito, el caso Assange muestra la «crisis» a la que ha llegado Ecuador durante el Gobierno de Moreno.
Ella incluso habla de la potencial existencia de una «crisis económica, crisis social y crisis institucional», que podrían conjugar una «tormenta perfecta» en la política ecuatoriana.
Según Pabón, Assange es también para los sectores progresistas un ejemplo de la «resistencia» ante el resurgimiento del conservadurismo en la región.