El Gobierno de EE.UU. informó de que aumentó la presión para que el secretario general de la ONU, António Guterres, tome medidas contra diplomáticos cubanos y bolivianos que boicotearon con gritos y golpes una reunión sobre la situación de los presos políticos en Cuba.
La portavoz del Departamento de Estado de EE.UU., Heather Nauert, reveló ayer que el jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, se reunió el martes con Guterres.
En ese encuentro, Pompeo «condenó el indignante y perturbador comportamiento» que, a su juicio, mostraron una veintena de diplomáticos el pasado día 16, cuando con gritos y golpes sobre las mesas impidieron el normal desarrollo de un acto organizado en la ONU por EE.UU. sobre los presos políticos en Cuba.
Justo antes de reunirse con el jefe de Naciones Unidas, Pompeo dijo en una rueda de prensa que el intento de boicot de los diplomáticos fue una «rabieta infantil».
Además, explicó que había escrito una carta a Guterres para «saber qué medidas tomará Naciones Unidas para responder a estas acciones y asegurarse de que no vuelvan a ocurrir».
La embajadora de EE.UU., Nikki Haley, envió otra misiva a Guterres esta semana para pedirle que obligue a las delegaciones de Cuba y Bolivia a pagar por los desperfectos causados y que tome medidas contra los individuos responsables como, por ejemplo, impidiendo su acceso a la sede de la organización.
Según Haley, la ONU informó a su país -como organizador del evento- de los daños causados en las mesas del salón del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas y en los auriculares para la traducción simultánea.
Los diplomáticos intentaron boicotear el encuentro, que desembocó en un escándalo poco habitual en las salas de la ONU, por la iniciativa de EE.UU de presentar allí la campaña «¿En prisión por qué?», con la que Washington busca llamar la atención sobre la existencia de unos 130 prisioneros políticos en Cuba.
El incidente se produjo en plena campaña cubana en la ONU en contra del embargo estadounidense, algo que hace todos los años de cara a la resolución que cada otoño aprueba la Asamblea General del organismo pidiendo el fin de esa medida, y que este año se votará el próximo 31 de octubre.