El nombre de un abogado que fue declarado en rebeldía en un caso sonado en el país reapareció este martes en otro proceso polémico en el país, al pedir una instancia gubernamental que sea incluido en la investigación sobre una compra de respiradores en España.
El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional pidió a la Fiscalía que investigue a Walter Zuleta en el proceso por supuesta corrupción en esta compra, según un comunicado de esa cartera.
El viceministro interino de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Guido Melgar, calificó al abogado de «personaje», que podría estar en Perú y ser uno de los «ideólogos» de la compra con supuesto sobreprecio de los respiradores para hospitales de Bolivia.
El pedido del ministerio se basa en declaraciones del conocido en el país como «testigo clave» del caso, Luis Fernando Humerez, que está en prisión preventiva junto a otros cuatro procesados, entre ellos el exministro interino de Salud Marcelo Navajas. (Internado en el hospital Los Andes por adolecer de insuficiencia cardiaca, hipertensión arterial, luego de su evaluación será trasladado al penal nuevamente, manifestó el Director del Régimen Penitenciario).
La cartera de Salud considera que, con base en esas declaraciones, el abogado fue uno de los intermediarios que infló el precio real, de acuerdo al comunicado.
Zuleta fue declarado en rebeldía el 2017 en un proceso en Bolivia contra Gabriela Zapata, exnovia del entonces presidente Evo Morales, que fue condenada a diez años de prisión por delitos relacionados con la corrupción, en un caso de amplia repercusión incluso fuera del país.
La investigación por la compra a una empresa intermediaria en España de 170 respiradores para pacientes críticos de coronavirus es el caso más polémico en los cerca de seis meses que lleva en el poder de forma interina Jeanine Áñez en Bolivia, por el que se ha creado además una comisión parlamentaria para investigarlo.
Bolivia pagó unos 2,2 millones de dólares y advirtió que no pagará otros 1,4 pendientes, por un costo de algo más de 27.000 dólares cada unidad, que podría triplicar el precio real, mediante un contrato que ha transcendido que se firmó en cuatro días, algo inusual, pese a las observaciones de varios funcionarios de posibles irregularidades y sin que al perecer fuera preceptiva la intervención del exministro.