A pesar de los avances en la distribución equitativa de representación en entidades estatales como el Parlamento, asambleas departamentales o concejos municipales, el acoso y la violencia política hacia las mujeres sigue siendo un tema pendiente en Bolivia.
En el encuentro «Cumbre contra el acoso y la violencia política hacia las mujeres» se reunieron este miércoles en La Paz instituciones bolivianas, organismos internacionales y organizaciones políticas y de defensa de las mujeres para estructurar una agenda que genere transformaciones.
El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Hassenteufel, en la apertura del evento se refirió a la urgencia de «llevar acciones» para desarrollar «mecanismos preventivos, de educación y sanción» contra la violencia política hacia las mujeres.
Encuentros contra el acoso
Este encuentro tiene como antecedentes nueve grandes reuniones, una por cada departamento del país, en las que se difundió la legislación sobre la temática y se recogieron testimonios de mujeres afectadas, explicó la representante en Bolivia del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud), Luciana Mermet.
Esos relatos desnudaron casos de amenazas, hostigamiento, persecución, secuestros inclusive asesinatos como manifestaciones «extremas» y «complejas» contra las mujeres que desempeñan funciones políticas y públicas, remarcó.
Mermet lamentó que a pesar de que la Ley Contra la el Acoso y la Violencia Política cumplirá pronto una década en vigencia, esta «no se ha aplicado a cabalidad» y requiere «un abordaje más integral».
Por su parte, Hassenteufel reconoció que muchos de los principios legales relacionados con la lucha contra estos delitos «no han sido asumidos con la suficiente entereza» y que eso se plasma en hechos a diario «contra la dignidad de las mujeres».
El machismo en la política
«Los varones son muy machistas, nos coartan nuestra expresión (…) nuestro delito como autoridades es deliberar y fiscalizar», aseveró en su intervención la presidenta de la Asociación de Mujeres Asambleístas Departamentales de Bolivia (Amadbol), Clementina Quispe.
Esta mujer aimara contó que «hay muchas denuncias» por casos de acoso y violencia política que «se quedan en papeles», además, se tropieza con los costos de un examen forense cuando se decide denunciar o la actitud de funcionarios policiales o civiles que piden evidencias físicas de una agresión para seguir un trámite.
Al respecto, la defensora del Pueblo, Nadia Cruz, mencionó que las sanciones establecidas en la ley «no tienen un rol efectivo» por la falta de normativa en los Gobiernos subnacionales.
Cruz explicó que «muchos casos» de acoso y violencia política se producen en jurisdicciones en las que hay «ausencia institucional» y donde no existe presencia de la Fiscalía o de un juez.
También mencionó que muchos de estos abusos se manifiestan como si fueran acuerdos de lealtad por trabajo o licencias indefinidas cuando en realidad son casos de acoso y violencia política en los que las autoridades mujeres «son obligadas a renunciar».
En el evento se señaló que en 2021 se reportaron ante el ente electoral 185 casos de autoridades mujeres afectadas, de los que 30 fueron denuncias efectivas por acoso y violencia política, mientras que el resto las funcionarias se vieron obligadas a renunciar por esos hechos.
En los 10 años de vigencia de la ley que condena este tipo de agresiones a mujeres en función política o pública se registraron casi 700 denuncias de distinta índole tanto psicológicas como físicas.
El caso más emblemático fue la muerte violenta de la concejal Juana Quispe, hace una década, y que terminó por impulsar la promulgación de la ley que sanciona los hechos de acoso y violencia política.
La paradoja es que esas agresiones se producen cuando legalmente en Bolivia rige la distribución equitativa de género en cargos legislativos nacionales, departamentales y municipales.