El acuerdo definitivo de paz del Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC cumple dos años de firmado con muchas dificultades para su implementación, sin que se haya conseguido poner en marcha buena parte de lo pactado y con un crecimiento de la violencia en regiones donde estaba la guerrilla.
El 24 de noviembre de 2016, el entonces presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y el líder de las FARC, Rodrigo Londoño, conocido en su época de guerrillero como «Timochenko», firmaron el acuerdo de paz en el Teatro Colón de Bogotá y con ello se dio fin a más de medio siglo de confrontación armada.
Gracias al acuerdo, más de 7.000 guerrilleros dejaron las armas e iniciaron su tránsito a la vida civil, aunque después al menos 1.200 de ellos se juntaron a grupos disidentes.
Londoño, ahora presidente del partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), afirmó ayer que los avances de la implementación del acuerdo han sido muy «reducidos», especialmente en el tema del «acceso a la tierra» para los excombatientes.
La cuestión de la tierra hace parte del punto uno del acuerdo, referente a la «Reforma rural integral», y los otros son los de «Participación política», «Cese el fuego y de hostilidades bilateral y definitivo», «Solución al problema de las drogas ilícitas», «Víctimas» y «Mecanismos de implementación y verificación».
Por el acuerdo, las FARC pudieron participar por primera vez este año en unas elecciones legislativas, y aunque su resultado fue pobre, con poco más de 50.000 votos obtenidos, garantizaron representación en el Congreso por ocho años con cinco senadores e igual número de representantes a la Cámara.
Santos dijo que el proceso de paz con las FARC «no ha sido un camino fácil» pero consideró que todos los colombianos deben seguir haciendo un esfuerzo porque «así es como le vamos a dejar a nuestros hijos un mejor país».
Desde un comienzo se sabía que la implementación de la paz iba ser todo un desafío para el Gobierno y la sociedad colombiana, pero lo que nadie esperaba era que el jefe negociador de la FARC, Iván Márquez, alegara falta de garantías para irse con otros antiguos líderes guerrilleros a un lugar hasta ahora desconocido.
A ello hay que sumar la detención en Bogotá de Seuxis Pauxias Hernández, alias «Jesús Santrich», por petición de la Justicia de Estados Unidos que lo pidió en extradición por narcotráfico.
Pese a ello, la comunidad internacional mantiene su respaldo a lo pactado e incluso el secretario general de la ONU, António Guterres, dijo que el caso de Colombia es «una inspiración» para quienes buscan poner fin a los conflictos armados en el mundo por medio de negociaciones.
También destacó que ya esté en funcionamiento la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal creado para investigar y juzgar los crímenes cometidos con ocasión del conflicto armado, y cuyo principal objetivo es obtener la verdad y evitar la repetición de ese ciclo de violencia.
La JEP tiene abiertos cinco casos sobre los diferentes crímenes que se cometieron durante el conflicto, el primero de los cuales está relacionado con los miles de secuestros perpetrados por las FARC entre 1993 y 2002, que llevó a su cúpula a comparecer por primera vez ante el tribunal de paz en julio pasado.
Asimismo, el próximo 29 de noviembre comenzará el mandato de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición.
El enviado especial de la UE para la paz de Colombia, Eamon Gilmore, y el jefe de la misión de la ONU en el país, Jean Arnault afirmaron en una declaración conjunta que «inseparable de la valoración del proceso de paz es el progreso hacia la verdad, la justicia y la reparación para las innumerables víctimas del conflicto», pese a que consideran que «no ha sido fácil» hacerlo.
Gilmore y Arnault pusieron de manifiesto los desafíos a los que se enfrenta la implementación del acuerdo, como lo es la «situación de violencia» que se vive en la región del Catatumbo, fronteriza con Venezuela, y en los departamentos de Nariño y Cauca, en el Pacífico.
«Dos años después de la firma del Acuerdo Final con las FARC, las comunidades carecen todavía de garantías fundamentales. Una de las expresiones más negativas de esta violencia es la persistencia del asesinato de líderes sociales», afirmaron.
Asimismo, el partido FARC denunció el miércoles pasado que 84 exguerrilleros han sido asesinados después de la firma del acuerdo.
Por eso, Arnault y Gilmore consideran que el principal reto de Colombia es incrementar la presencia de las instituciones en las regiones para llevar a los territorios los «dividendos de la paz», como lo son «seguridad, educación, salud, tierra, infraestructura y oportunidades de desarrollo alternativas a las economías ilegales».