Los políticos siempre han utilizado a las masas para sus fines dirigidos a lograr el poder o conservarlo. Esa es una lamentable evidencia que, pese a que el ciudadano es consciente de esta realidad, cae en el llamado de los partidos o de un gobierno para seguir sus consignas. Muchas veces la gente sigue a los políticos con plena convicción, motivados por la pertenecía, pero otras veces lo hacen por obligación, y algunos hasta por interés. El gobierno actual tiene una militancia compartida o en transición, que proviene del fuerte liderazgo hacia Evo Morales en el MAS y en el área rural, pero que ha encontrado en el presidente Luis Arce una alternativa. Esta transición todavía no define un rumbo claro, y por ello el gobierno actual apela a la verticalidad que mantuvo el MAS desde 2006, que no admite la disidencia ni las demandas que vayan en contra de sus decisiones.
Pero de hecho la disidencia ya se ha dado y hay dos liderazgos indiscutibles en el oficialismo actual, mientras crecen las corrientes contestatarias que repelen el dogmatismo y se oponen a un gobierno vertical e irrespetuoso de los marcos legales, y que actúe lejos del consenso, situación que está motivando una permanente tensión política y social que enturbia la normalidad. Lo peor es que no se ve una voluntad negociadora que busque convencer con razonamientos en lugar de imponer.
No existen coincidencias entre el gobierno y las regiones y muchos sectores en relación a proyectos, necesidades, prioridades y hasta en las perspectivas generales, lo que es natural en la vida de pueblos, ciudades, naciones, entre países y hasta en el seno de instituciones. Es por ello que se apela a la concertación, a buscar consensos y salidas en armonía y tolerancia, mediante el diálogo, las negociaciones y la consulta. Ese es uno de los diversos caminos que abre la democracia. Pero cuando lejos de buscar esas vías de solución se apela a la presión, a la amenaza y a la represión, generalmente se deriva en mayores complicaciones.
En estos momentos hay varios problemas que están agitando el ambiente, pero ninguno de ellos implica situaciones que no puedan resolverse en un ambiente de concertación. Los temas que tensionan la situación en este momento son la postergación del censo y la movilización de los cocaleros de los Yungas que reclaman cierre de un mercado ilegal. Ambos problemas tienen solución si existiese voluntad política. Encontrar una fecha técnicamente posible para la gran encuesta nacional -que es el censo- tiene que tener un punto de encuentro entre lo que quiere el gobierno y lo que pretende Santa Cruz y algunas otras ciudades. En el otro tema, admitir una equivocación al haber permitido un mercado ilegal de la coca no puede ser tan difícil para un gobierno que sinceramente busque el respeto a las normas. Pero, lamentablemente, en lugar de elegir el camino de la concertación se está optando por la confrontación. La represión a los cocaleros no puede terminar bien. Tarde o temprano alguien tendrá que responder por los excesos que se están cometiendo al pretender imponer una forma distinta de ver el manejo de la coca, un producto sensible por el mal uso ampliamente difundido. A las movilizaciones de los campesinos de los Yungas el gobierno responde con excesos policiales, defendiendo la ilegalidad.
En el caso de la presión que realizan las instituciones más representativas de Santa Cruz, el gobierno ha decidido responder movilizado a sus bases para demostrar su caudal de convocatoria y decirles a los que se oponen a la actual forma de gobernar, que tiene la musculatura para imponer sus decisiones. Pero esta demostración, más que dirigida a los movilizados, parece un forcejeo interno. Parece también que se menosprecia la capacidad de comprensión del pueblo, que no ignora que los empleados públicos son obligados a asistir a esas demostraciones de «fuerza». Para nadie es un secreto que hay controles de asistencia a las manifestaciones, y que se acostumbra apelar a las «camionadas» para trasladar gente de un lugar a otro. Esta forma de mostrar mucha gente obligada o reclutada mediante incentivos y promesas, se da cuando se han debilitado las convicciones y se requiere de una «ayudita» para llevar gente a las marchas y concentraciones.
Esta situación solamente puede explicarse si un partido o un régimen se encuentra dividido, desconfiado de las lealtades partidarias; que duda del seguimiento de su propia militancia, que ve enfrentados a los mandos medios; que encuentre discrepancias públicas internamente hasta entre autoridades y parlamentarios, así como entre dirigentes de organizaciones que se suponen han sido «cooptados» con alto costo. También, puede ser, cuando surgen liderazgos alternativos que antes no existían.
Las imágenes de la multitudinaria manifestación que organizó el gobierno, que mostraron los canales oficialistas de televisión y también los canales privados, han sido muy elocuentes al exponer al presidente Luis Arce como en campaña electoral. Los estribillos -muy preparados que coreaban sus adherentes- no dejaron duda alguna. Para algunos observadores prejuiciosos, esta fue, en realidad, la respuesta al prematuro anuncio de la candidatura de Evo Morales, más que una demostración de poder hacia las movilizaciones de cruceños y yungueños, o a los aleteos de algunos grupos de oposición, a los que el presidente Arce calificó como cantos de sirena. A propósito, ¿Qué les pasaba a quienes escuchan el canto de las sirenas? Según la mitología, si algún navegante era capaz de oírlas, pero no se sentía atraído por ellas, debía morir. Para evitar su influjo, Ulises ordenó que todos los hombres de la nave en la que surcaban el mar se tapasen los oídos con cera para no escuchar el canto de las sirenas.