El polémico caso de una niña de 11 años que sufrió abusos de su abuelastro y resultó embarazada ha generado que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exhorte a Bolivia a proteger a las niñas de embarazos forzados, mientras que la madre acudió a la misma organización para solicitar medidas cautelares para evitar la interrupción de la gestación.
Hace unas semanas se conoció el caso de la niña que fue violada en reiteradas ocasiones por el padre de su padrastro, quien estaba al cuidado de la menor en la región de Yapacaní en Santa Cruz, ya que sus padres viajaban constantemente por trabajo.
Inicialmente la menor quería someterse a un aborto, que en el país está permitido para víctimas de violaciones, pero luego de ser contactada por una organización religiosa desistió del procedimiento.
Solicitudes a la CIDH
Esta semana la CIDH se pronunció sobre este caso y recomendó a Bolivia cumplir con su obligación de proteger a la niñez de la violencia sexual y el embarazo forzado, al igual que garantizar el ejercicio de sus derechos sexuales.
«El Estado debe además garantizar la confidencialidad y privacidad, blindándolas de cualquier tipo de opiniones y o información no científica por parte de personas que se desempeñan como funcionarias de instituciones públicas y/o terceros que puedan inferir en sus decisiones», señala la CIDH en un comunicado.
En tanto, la madre de la menor también acudió esta semana a la CIDH para solicitar medidas cautelares para que se pueda evitar la interrupción del embarazo de su hija que ahora se encuentra en un centro de acogida de la Iglesia católica.
«Solicito con urgencia a la CIDH que se ordene al Estado Boliviano, como medida cautelar, el asegurar que se ponga fin a los intentos de la Defensoría del Pueblo, y cualquier otro organismo público y privado, de subvertir la opinión y decisión de (la niña) de no concretar el aborto», dice la carta de la madre.
Esta petición de la madre se dio luego de que la Defensoría del Pueblo también pidiera a la CIDH medidas cautelares para que el Estado «asuma medida de protección y salvaguarda» en favor de la menor.
Asimismo, la Defensoría envió a la Justicia una acción de libertad contra las defensorías de la niñez de Yapacaní y Santa Cruz para que ordene reencaminar el proceso de interrupción de embarazo de la niña.
Esta institución inició una acción penal en contra del personal médico del Percy Boland de Santa Cruz, las defensorías de Yapacaní y Santa Cruz y contra la madre de la niña acusándolos de los supuestos delitos de incumplimiento de deberes, desobediencia a resoluciones en acciones de defensa y de inconstitucionalidad, entre otros.
La Fiscalía General del Estado informó que se activaron los mecanismos de protección de la víctima en resguardo de la salud de la menor, mientras que el agresor está detenido preventivamente en un penal en Santa Cruz.
Madre no ve a su hija
Por otro lado, la madre de la menor manifestó a un canal local que no puede ver a su hija desde que está en el centro de acogida y que no le explicaron las razones de esta decisión.
Además le señalaron que la niña de 11 años «va a estar bien atendida» y que no puede visitarla hasta «un aviso de la Defensoría» de la Niñez y Adolescencia.
También expresó que quiere que su hija de 11 años, que ya tiene unas 23 semanas de gestación, tenga al bebé y que luego se verá si lo dan en adopción.
Sobre este caso ONU Bolivia señaló que someter a una niña a un embarazo forzado está «calificado como tortura» e instó a las autoridades a intensificar los esfuerzos para la protección de los derechos de las niñas víctimas de violencia sexual.
Según datos de la Casa de la Mujer, en 2020 se reportaron 39.999 embarazos de menores de 18 años, lo que supone que 104 niñas se embarazan por día en Bolivia, de las cuales 6 son menores de 13 años.