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sábado, mayo 21, 2022
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El castigo ciego de la muchedumbre

La violencia crece en el país al ritmo que impone la inseguridad, la retardación de justicia, la corrupción y la impunidad. Mientras tanto, la justicia repta en los bajos mundos y la degradación ha copado al sistema, sin que se vislumbren salidas a esta situación. Poco puede hacer la policía, no solamente porque carece de medios, sino porque en su seno también se enquistó el mal. Por ello, buscar justicia por mano propia se ha convertido en un lamentable recurso que pone en evidencia el fracaso en las políticas dirigidas a recomponer a los sistemas judicial y policial. El aplazamiento sin fecha de la Cumbre de Justicia, convocada por el gobierno, que debía celebrarse este mes, es otra señal del poco interés en buscar soluciones a uno de los problemas más complicados que vive Bolivia desde hace 15 años, como es la necesidad de una profunda reestructuración del sistema judicial.

Mientras tanto, crece al mismo ritmo otra manifestación de impotencia frente a la inseguridad y la ausencia de la justicia. Se trata de los hechos en los que la gente hace justicia por mano propia, castigado a presuntos delincuentes, y muchas veces martirizando a la persona equivocada. La frecuencia con la que se producen linchamientos es preocupante y en todos los casos, los desenlaces se precipitan por ausencia de la policía, y por la desconfianza en la justicia. El último caso de esta naturaleza se produjo en el sur de La Paz, en la zona de Huajchilla, donde un atraco derivó en una persecución, balacera, muerte de tres personas y un linchamiento. De acuerdo a reportes de medios de comunicación, tres sujetos tomaron por asalto a una vivienda, maniatando a sus ocupantes. Una de las victimas logró zafarse de sus ataduras, huyó y alertó a sus parientes y vecinos. Los atracadores escaparon, pero uno de ellos regresó y al ser identificado fue perseguido. Se metió a una casa y desde allí disparó, matando a dos personas. Luego, con la presencia de los efectivos del orden, se logró someter al sujeto. Estando ya en poder de la policía, no pudo ser llevado ante las autoridades porque la gente estaba muy alterada por lo ocurrido, y el presunto delincuente terminó muerto. Los otros sujetos lograron huir y ahora son buscados.

La recurrencia de situaciones de esta naturaleza hace que la ciudadanía vuelva a poner su mirada en las autoridades, la policía y la justicia, como responsables de esta situación. Hay varios informes internacionales y estudios internos que hacen referencia a que Bolivia es uno de los países donde la gente hace justicia por mano propia. En realidad hay varios países donde esta situación es mucho más grave, pero ese no debería ser un consuelo, sino una motivación más para reestructurar la justicia y la policía, y sentar las bases de un nuevo sistema.

La impunidad en nuestro país y la destrucción del estado de derecho demuestran el fracaso del sistema judicial y de las políticas sobre seguridad jurídica y seguridad ciudadana. La prueba de estos extremos no solamente se ve en los linchamientos y la creciente violencia, sino, especialmente, en el hecho de que más del 70% de los detenidos en las cárceles no tienen sentencia y nada ha cambiado desde las denuncias oficiales de la existencia de consorcios de jueces, fiscales y abogados, o desde las denuncias de extorsión desde los estrados judiciales.

Mientras la pena de muerte se ha eliminado en cerca de 100 países del mundo, las ejecuciones sumarias mediante linchamiento, colocan a Bolivia entre las naciones que menos respeto tienen por la vida. Esta práctica constituye la vulneración, de manera violenta, de todos los derechos de las personas. Evidentemente, se está vulnerando el derecho a la vida, y el derecho de toda persona a ser juzgada, mediante debido proceso, si es sospechosa de haber cometido algún delito.

Ya la presunción de inocencia ha sido atropellada. Los linchamientos se han convertido en algunos lugares del país en una acción o reacción impune frente a cualquier presunción de una irregularidad, y quienes participan de estos hechos se escudan en una mal entendida justicia comunitaria. Alguna gente atribuye esta reacción a la tradición indígena de castigar mediante usos y costumbres a quienes transgreden las normas. De esta manera no se acude a la policía -que además no existe en muchas poblaciones del país, y en otras no tiene entrada- y menos a la justicia institucional. Los vecinos toman la justicia en sus manos y perpetran chicotazos a presuntos infractores y hasta crímenes que van desde agresiones físicas y morales, hasta quemar vivos a presuntos delincuentes. En este precipitado accionar se han cometido graves equivocaciones al castigar y hasta quitar la vida a gente inocente que tuvo la mala fortuna de transitar por un lugar donde se habría cometido algún robo u otro delito, y donde la gente se encontraba exaltada. Lamentablemente, hasta ahora no se ha podido frenar la tentación de algunos de ponerse por encima de la ley y saciar su sed de venganza o escarmiento, dejando una secuela de crueldad en nombre de la justicia comunitaria.

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