El Gobierno anunció este miércoles que el Censo de Población y Vivienda, previsto para el 16 de noviembre próximo, costará unos 68 millones de dólares, que en su mayoría provienen de créditos de entidades internacionales y que serán asumidos por el nivel central del Estado.
La ministra de Planificación, Gabriela Mendoza, señaló que el «costo total» del censo es de 68 millones de dólares que incluye también la «etapa post-censal» o de tabulación de los datos además de los costos de auditorías y evaluaciones a esa tarea.
Mendoza detalló que 40 millones de dólares son parte de un crédito del Banco de Desarrollo – Fonplata, mientras que 26,4 millones pertenecen a un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y 1,6 millones son del Tesoro General de Bolivia.
«El 100 % del censo de población y vivienda va a ser asumido por el nivel central del Estado, puesto que estas operaciones de financiamiento son operaciones crediticias», remarcó la ministra.
La funcionaria explicó que una versión de la boleta del censo fue ya remitida a una comisión internacional, conformada también por algunos organismos internacionales, que tienen la tarea de aportar con las «observaciones necesarias».
Una de las demandas de algunos sectores de la población es que se incorpore la categoría «mestizo» en el caso de que existan preguntas sobre la autoidentificación cultural de la población, tal como sucedió en el censo de 2012.
Al ser consultada al respecto, Mendoza se refirió a pronunciamientos de otras instancias que establecen que en una consulta así «no se incluyen características de raza» y consideró que hacerlo «sería un retroceso y una característica completamente discriminatoria».
El censo es considerado fundamental porque además determinará aspectos como la redistribución de recursos a gobernaciones y municipios, así como el margen de representación política en el Parlamento de cara a los comicios de 2025.
Justamente, una de las mayores expectativas proviene de Santa Cruz, la región más grande y poblada, considerada el motor económico del país, que en los últimos años ha encabezado la demanda de un nuevo pacto fiscal y pretende una mayor representación política parlamentaria.
Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas de 2021, Bolivia supera los 11,8 millones de habitantes.