Nuestro país se ha acostumbrado a las medidas de presión para resolver cualquier conflicto, pese a las evidencias de que la interlocución es el mejor recurso para la resolución de cualquier controversia. La tradición de bloquear calles y carreteras, amenazar, paralizar labores, ir a la huelga y otros recursos se han hecho tan comunes, que ante cualquier necesidad o reclamo no atendido se apela a medidas extremas. Esta forma de exigir atención, tiene su raíz en la poca voluntad política de los gobiernos de turno para resolver las demandas. Solamente cuando se produce el conflicto las autoridades reclaman el diálogo.
Es lo que pasa en todo problema político, social, económico, regional y hasta legal. Ahora, un tema que es de todos los bolivianos, como es el censo de población, se ha tornado en un conflicto que amenaza la tranquilidad. El gobierno ha decidido, mediante decreto, postergar el censo para el año 2024, determinación que ha exacerbado varios temas delicados que atingen a las regiones. Santa Cruz, el departamento más poblado del país -de acuerdo a las proyecciones del Instituto Nacional de Estadísticas (INE)- está en emergencia y amenaza con paralización indefinida de labores en forma escalonada, rechazando la postergación del censo y exigiendo compensaciones sobre los derechos regionales de participación en los recursos del Estado.
El hecho es que el Gobierno y el Consejo Nacional de Autonomías decidieron la postergación del Censo Nacional de Población y Vivienda 2022, que estaba previsto para el 16 de noviembre próximo. El argumento que se expuso señala que se decidió: «En consenso solicitar la reprogramación del Censo de Población y Vivienda, ya que factores como el covid-19, las socialización de la boleta censal, la incorporación de idiomas originarios, la necesidad de contar con una cartografía estadística en coordinación con los gobiernos autónomos municipales e indígenas y originarios, las condiciones climáticas que generan la inaccesibilidad caminera y la migración interna por temporada de zafra, afectarían al proceso censal», de acuerdo a la resolución adoptada en reunión en la que participaron 8 de los 9 gobernadores, además de alcaldes, representantes de la Asociación de Municipalidades y delegados de las autonomías indígenas.
El único gobernador que no asistió fue el de Santa Cruz, que convocó a una asamblea departamental que determinó, además de rechazar la postergación del censo, adoptar una serie de medidas. Entre sus resoluciones, se exige que el Presupuesto General del Estado 2023 sea elaborado sobre la base de las proyecciones poblacionales intercensales que presenta oficialmente el INE, y que, además, se cree un fondo de compensación para los municipios que se vean afectados por la pérdida de población, para ser ejecutados de manera concurrente con gobernaciones y el Gobierno nacional. Plantea la unión para «preparar el camino hacia un verdadero pacto fiscal». Asimismo, la Asamblea ratificó el estado de emergencia departamental, y advirtió que, en caso que el Gobierno Nacional no cumpla con las exigencias, en el plazo de 5 días hábiles, se convoca a un paro departamental desde el lunes 25 de julio del 2022.
El gobierno rechazó el planteamiento cruceño, argumentando que la postergación obedece a temas técnicos y no políticos. El ministro de Economía, Sergio Cusicanqui, descartó que se pueda redistribuir los recursos estatales con base en datos de las proyecciones del INE. Explicó que los recursos del Estado se reparten a las regiones con base en datos poblacionales basados en el último censo. «No es que se haya hecho mal o bien la tarea», dijo el ministro y argumento que las regiones han manifestado sus intenciones para que se cambie la fecha del Censo, porque cae en época de lluvias, lo que dificulta el acceso a muchos lugares. Anunció que se trabajará en un nuevo cronograma y que se mejorará la comunicación del censo. Evidentemente, la incomunicación, la falta de transparencia y las decisiones verticales son factores que perturban una relación armónica del gobierno central con las regiones. Si hubiese una mejor comunicación probablemente se evitarían muchos problemas, y se facilitarían las negociaciones en base a un diálogo propositivo, en lugar de que los factores en conflicto se atrincheren en sus posiciones irreductibles como ocurre en la actualidad.