El Chapare, una zona cocalera afín a Evo Morales, sigue dando quebraderos de cabeza al Gobierno interino de Bolivia, que ayer hacía un llamado para restablecer el orden, pero obtenía como respuesta que los policías solo volverán a la región cuando se disculpen «de rodillas».
La advertencia del gobierno
El ministro interino de Gobierno, Arturo Murillo, advertía ayer desde La Paz que no admite una «republiqueta» que escape a la «presencia del Estado» en esta zona.
Murillo señalaba en rueda de prensa que «la policía sindical» de los cocaleros «no es legal ni constitucional», después de que la Policía Boliviana lleve semanas ausente a raíz del conflicto vivido en el país tras las fallidas elecciones del pasado 20 de octubre.
El «narcoterrorismo» está incrustado en algunos sindicatos cocaleros, advirtió la autoridad, en alusión a las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, como se denominan las organizaciones de productores de hoja de coca que tienen una notable influencia en esta región.
Morales se dio a conocer como dirigente de estas federaciones antes de llegar al poder en 2006, sin que dejara su liderazgo sindical en sus casi catorce años en el poder.
El titular de Gobierno alertó de que «no podrá haber elecciones sin la presencia del Estado» en esta zona, en un mensaje de «diálogo» por parte de su Gobierno para evitar el uso «de la fuerza».
La respuesta del entorno de Morales
La respuesta no llegó desde el Chapare, sino desde La Paz, ni por parte de las federaciones de cocaleros, sino desde una organización también afín a Morales, quien también se pronunció en Twitter.
La Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia «Bartolina Sisa», que lleva el nombre de una heroína indígena de Bolivia, respondió en la tarde en rueda de prensa que para volver al Chapare la Policía Boliviana antes tiene que disculparse «de rodillas» por su actuar con los cocaleros.
Este colectivo de mujeres acompañó marchas de productores de hoja de coca y de campesinos semanas atrás en contra del Ejecutivo interino en Cochabamba, capital de la región del mismo nombre a la que pertenece el Chapare.
El pasado 15 de noviembre una de estas marchas se encontró en Sacaba, ciudad vecina de Cochabamba y capital de la provincia del Chapare, con un operativo militar y policial que cortaba el paso, durante el que murieron diez civiles por disparos.
Las muertes están bajo investigación judicial en el país, donde el Gobierno transitorio niega que fueran por disparos de fuerzas del orden, y de instancias en el exterior como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que las califica de «masacre».
«Con actitud antidemocrática, Murillo, ministro golpista pretende coartar derecho al voto en el Trópico de Cochabamba, so pretexto de ausencia de garantías, cuando es el Estado que debe asegurar el ejercicio de derechos. Buscan acallar voto indígena y campesino, es miedo al pueblo», sentenció Evo Morales en Twitter.
La situación en la zona cocalera
Organizaciones como estas mujeres conocidas como las «bartolinas» firmaron un acuerdo con el Gobierno transitorio el pasado 25 de noviembre que acabó con las movilizaciones contra Áñez en la mayor parte del país, aunque en el Chapare tardaron varios días en cesar las protestas e incluso aún no ha sido posible que vuelva la Policía.
Algunas comisarías fueron asaltadas e incendiadas a comienzos del pasado noviembre en esta zona, donde los policías tuvieron que retirarse y en su lugar surgieron brigadas vecinales de seguridad.
Morales fue declarado vencedor tras los comicios del pasado 20 de octubre, entre denuncias de un supuesto fraude a su favor, pero el 10 de noviembre anunció su renuncia al poder, denunciando un golpe de Estado para derrocarlo.
Al día siguiente salió desde un aeropuerto del Chapare rumbo a su asilo en México y una jornada después la entonces senadora opositora Jeanine Áñez asumió el poder de forma transitoria hasta unas nuevas elecciones, aún sin fecha.