Matices políticos y una violencia en ascenso son los principales rasgos de los conflictos por la distribución de tierras en los últimos años en Bolivia, con afectaciones especialmente sobre los derechos indígenas, advirtió en una entrevista con Efe el director de la privada Fundación Tierra, Juan Pablo Chumacero.
Las invasiones de tierras en Bolivia han tomado una connotación cada vez más violenta que quedó patente, en octubre pasado, con el secuestro y tortura a manos de encapuchados armados de periodistas que cubrían un conflicto por territorio en Santa Cruz, motor económico del país y bastión de la agroindustria.
«Hace un año no podíamos hablar del uso de armas en este tipo de situaciones y conflictos y en este año hemos tenido ya como tres fácilmente, el más serio el caso de Las Londras (nombre del predio en disputa)», dijo Chumacero.
Para entender estos conflictos, hay que ver cómo se ha desarrollado el proceso de saneamiento o regularización del derecho de propiedad agraria y la consiguiente distribución de tierras en el marco de la ley del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) vigente desde 1996.
Entre los criterios para la concesión de tierras primero se deben considerar «las necesidades y demandas de la población indígena o campesina de la zona que no tiene tierra o tiene muy poca tierra» y luego a otros actores sociales, además de verificar las dimensiones de la vocación productiva del suelo, indicó el experto.
«En el caso particular de Santa Cruz, que es donde más conflictos estamos viendo, estos pasos no se están siguiendo», señaló Chumacero, cuya fundación se especializa en desarrollo rural sostenible.
En esa región, en los últimos seis a ocho años surgieron más de 1.400 asentamientos nuevos en tierras fiscales mayormente de campesinos y los llamados «interculturales», grupos de quechuas o aimaras emigrados a las tierras bajas.
«Pero resulta que sobre alguna de estas tierras fiscales están asentadas comunidades indígenas que todavía no tienen un derecho propietario asignado y ahí se genera el conflicto», explicó.
O hay un «derecho expectaticio» de años de determinado pueblo indígena sobre esos espacios, «pero no se les da prioridad a ellos», sino a campesinos o interculturales, según Chumacero.
«Estamos viendo que poco a poco se llega a mayores niveles de violencia en estos conflictos», agregó.
Política, agronegocio y afectaciones
Para el experto, detrás de las autorizaciones de asentamientos «hay un proyecto de ocupación territorial que responde a intereses políticos», pues «en los últimos años, como una forma de pagar favores y lealtades, se ha estado utilizando a la tierra disponible» y los beneficiados son organizaciones sociales ligadas al partido de Gobierno, indicó.
La situación se vuelve aún más compleja cuando ante esto reaccionan comités cívicos, organizaciones urbanas y Gobiernos municipales, añadió.
Y es que al ser la tierra un «bien escaso», se ha convertido en un negocio y su valor está ligado al modelo agroextractivista de la región cruceña, entonces habría que ver cuáles de las comunidades nuevas tienen una necesidad real de tierras para subsistir y cuáles están por mera «ambición».
Dentro del proceso de reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en Bolivia, fue importante la titulación de sus territorios en los primeros quince años de este siglo, señaló Chumacero.
Pero luego llegó un momento en que sus derechos «se han secundarizado» y ahora se los vulnera, además de dar prioridad a otras agendas, lamentó.
Desde que el desarrollo del sector agropecuario productivo «a toda costa» se estableció como una «política clave» para el país se paralizaron «casi en su totalidad los procesos de titulación de territorios indígenas» y sus demandas ya no son atendidas.
Una muestra de esto fue la reciente marcha indígena que recorrió más de 500 kilómetros hasta Santa Cruz para reclamar respeto por sus derechos ante las invasiones de sus territorios, los incendios forestales y los proyectos gubernamentales en sus tierras sin consultarles previamente.
Los indígenas esperaron por dos meses en Santa Cruz tener algún contacto con el Gobierno nacional que, por contra, tildó de política esta movilización y se reunió solamente con originarios afines al oficialismo.
Alertas a futuro
Para Chumacero, como la tierra «cada vez es más escasa», estos conflictos seguirán apareciendo y afectarán ya no solamente a los indígenas, sino a todos, pues se empiezan a ver problemas de escasez de agua o los incendios forestales que tienen su origen en el «modelo extractivista y agroexportador».
«Hay que ponerle un freno al conflicto por la tierra desde estas dimensiones y buena parte de este freno es seguir lo que está establecido por la ley y hacerla cumplir», además de considerar la «dimensión ambiental, el uso de los recursos, la cuestión del agua, los bosques», dijo.
También advirtió de que hoy se apuesta por el modelo agroextractivista para resolver «buena parte de estos problemas a partir de los cultivos agroindustriales», cuando se debería apuntar a una «explotación sostenible forestal». Por lo que es necesario trabajar en un «cambio de esquema».
«Si no lo hacemos, la tierra va a seguir siendo un elemento de conflicto y cada vez van a ser más grave», concluyó.