El conflicto salarial que enfrenta a la Policía de la provincia de Buenos Aires con el Gobierno de Argentina, con fuertes protestas de efectivos que llegaron hasta la residencia presidencial, ha elevado la tensión política en un país que navega en la incertidumbre por la crisis del coronavirus.
La chispa se encendió el lunes pasado, cuando cientos de policías del distrito más grande y poblado del país salieron a las calles para reclamar, entre otras medidas, aumentos salariales de entre el 56 y el 64 %, según el grado profesional, para un cuerpo cuyos efectivos tienen un sueldo inicial de 37.572 pesos (500 dólares).
Esas manifestaciones fueron escalando de tono principalmente cuando multitud de efectivos, con el uniforme reglamentario, armados y con patrulleros, llegaron a rodear ayer el cercado de la residencia del presidente, Alberto Fernández, en la localidad bonaerense de Olivos.
Esto fue repudiado tanto por el oficialismo como por la oposición, al considerarlo un acto intimidatorio contra el jefe de Estado, más allá de la legitimidad de los reclamos, que, aunque en menor grado, fueron contagiándose y provocando manifestaciones por parte de cuerpos policiales de otras provincias.
«(Es) una protesta que yo digo que tiene un trasfondo razonable por el retraso salarial, como muchos otros empleados públicos, pero el modo es inadmisible», dijo esta mañana el mandatario, minutos antes de que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, el también peronista Axel Kicillof, compareciera para anunciar un Plan Integral de Seguridad que incluye aumentos salariales.
Imágenes que «no deben volver a repetirse»
Kicillof, que, al igual que Fernández llegó al poder en diciembre pasado tras los cuatro años de mandato del conservador Mauricio Macri en la Nación y de su correligionaria María Eugenia Vidal en la provincia, entendió los reclamos pero criticó las formas, y reiteró los problemas «graves y estructurales» que la policía provincial -compuesta de unos 90.000 efectivos- acarrea desde hace tiempo, agravados a su juicio durante el macrismo.
«He tomado la decisión política de fondo que viene a saldar una deuda que tiene hace mucho tiempo este Estado provincial con sus policías», remarcó el gobernador, quien anunció que el salario neto pasará a ser, para 39.521 oficiales, de 44.000 pesos (588 dólares), subida que se aplicará de forma proporcional a toda la jerarquía.
Además, Kicillof, que aseguró que esta decisión busca equiparar el sueldo del cuerpo provincial con el de la Policía Federal, señaló que los miembros de la bonaerense pasarán a obtener 5.000 pesos (66 dólares) por mes para la compra de uniforme -en vez de los 1.100 actuales- y las horas extra se pagarán a 120 (1,61 dólares), en vez de a 40.
«Yo asumí hace 9 meses, con la provincia endeudada, como el país, fundida», sentenció, y recordó que se comprometió a «ir recuperando» el poder adquisitivo de los trabajadores pero quedó truncado por la irrupción de la pandemia en marzo pasado.
No obstante, el plan presentado, que incluye incorporación de agentes, nuevos patrulleros y obras de infraestructura, ya fue adelantado la semana pasada después de que vecinos denunciaran un aumento de la inseguridad durante la cuarentena.
Convencido de que las imágenes ante la quinta presidencial «no deben volver a repetirse», el peronista señaló que si en verdad se trata de un reclamo salarial, se está dando una respuesta «contundente e histórica», pero si sigue, aseveró, comprenderá que es una «cuestión política».
Respuesta de los manifestantes
Sin un portavoz único, los policías manifestados -entre cuyas reivindicaciones también está conformar un sindicato, ya que las fuerzas de seguridad están excluidas de esta posibilidad- no tardaron en reaccionar a los anuncios.
«No nos termina de convencer. Tenemos una mesa de negociación, vamos a tratar de seguir negociando», dijo a la prensa el oficial Molina en el municipio bonaerense de La Matanza, principal punto de las protestas.
No obstante, tras la comparecencia de Kicillof y de forma progresiva, se empezó a ver cómo se marchaba la mayoría de manifestantes y autos policiales congregados.
Por su parte, el capitán Díaz agradeció que hayan sido escuchados pero se mostró disconforme con lo escuchado y exigió que ningún efectivo sea sancionado por las protestas: «De un 56 % que estamos pidiendo de aumento, nos están ofreciendo un 30 y pico por ciento, que no es lo acordado… ni un 30 que nos están dando».
Otros efectivos criticaron que la actualización salarial no se equipare con el sueldo de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, que está en 49.204 pesos (658 dólares) iniciales.
Polémica obtención de fondos
Al conflicto salarial se suma el cruce político por la decisión de Fernández, anunciada el miércoles, de rebajar un punto los fondos que el Estado entrega a la capital -gobernada por el opositor Horacio Rodríguez Larreta- para conformar el fondo del que saldrá la recomposición salarial de las fuerzas de seguridad de la provincia, en la que viven 17 millones de personas y que salvo entre 2015 y 2019 fue gobernada por el peronismo desde 1987.
«La palabra del Presidente no vale nada. Arrancó pidiendo diálogo y unilateralmente le cargó a los porteños un problema que es de la PBA (provincia de Buenos Aires), y que su espacio agigantó durante 33 de los últimos 37 años», escribió en Twitter Patricia Bullrich, exministra de Seguridad de Macri y presidenta del PRO, el partido de Rodríguez Larreta.
El alcalde, cabeza más visible de la oposición, ha mantenido en los últimos meses una buena relación con Fernández, quien ya hace unos días se había referido a la ciudad -que tiene unos 3,5 millones de vecinos- como «opulenta», «desigual» e «injusta» con el resto del país.
Por el momento, y aunque varios de sus compañeros de coalición sí criticaron la reducción de fondos para la capital, el alcalde aún no se pronunció, pero no se descarta que el Gobierno local acuda a la Corte Suprema para denunciar la decisión.