El ministro de Justicia, Iván Lima, se libró la madrugada de este miércoles de la censura de la Asamblea Legislativa, algo que implicaba la destitución del cargo, ya que faltaron solo seis votos para que se completaran los dos tercios necesarios para activar ese mecanismo.
El Legislativo trató desde la víspera y por más de 11 horas la interpelación contra Lima por la detención, a finales de diciembre pasado, del gobernador del departamento de Santa Cruz, el opositor Luis Fernando Camacho, aunque la mayoría de las preguntas fueron sobre la situación de la justicia boliviana.
De 133 diputados y senadores, 83 parlamentarios votaron por el «sí» a la censura hacia Lima, pero se necesitaba el apoyo de 89 para aprobar la destitución de su cargo.
Durante la sesión se notó la división en el Movimiento al Socialismo (MAS), entre el ala «evista», que sigue al jefe de ese partido y expresidente del país Evo Morales, y los «arcistas», que son afines al mandatario Luis Arce.
En la votación, el bloque «evista» coincidió con la posición de las opositoras Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos que apoyaron la censura contra Lima aunque con distintos argumentos.
Los «evistas» cuestionaron a Lima por las denuncias por corrupción en la Administración de Arce y la supuesta responsabilidad del ministro para tapar esos hechos, mientras que los opositores se refirieron a la crisis judicial y a la «injerencia política» del Gobierno sobre jueces y fiscales.
Respuestas del ministro
Las consultas al ministro se relacionaron con la situación de la justicia, las denuncias de violaciones a los derechos humanos durante el Gobierno de Arce, el encarcelamiento de líderes opositores como Camacho y la expresidenta interina Jeanine Áñez (2019-2020) además de acusaciones como «terrorismo» para activar procesos penales.
Sobre la transformación judicial, Lima hizo énfasis en que el Parlamento debe tratar y aprobar algunas normas para cambiar el «régimen disciplinario» de los jueces, medidas «alternativas» a la detención preventiva y una Ley de Enjuiciamiento Penal, entre otras.
Lima remarcó que el Gobierno es «respetuoso de los derechos humanos y respetuoso del debido proceso» y negó que en Bolivia existan presos políticos, puesto que de los 25.940 reclusos que hay en el país la mayoría cumplen penas por «graves crímenes».
Sobre la situación del gobernador opositor Camacho, que cumple detención preventiva por los hechos de la crisis política de 2019, Lima aseveró que «no le corresponde» pronunciarse por respeto al «principio de independencia» de los poderes del Estado.
A su turno, la senadora de CC Andrea Barrientos acusó a Lima de efectuar en sus más de dos años y medio como ministro de ejercer una «vil manipulación de la justicia» y pretender atribuir al Legislativo la crisis judicial.
«La realidad de este país es otra, lo que no hay es una verdadera voluntad del MAS a que haya una justicia independiente», aseveró la también senadora opositora Cecilia Requena.
El ministro Lima junto a sus colegas de Gobierno, Eduardo del Castillo, y de Obras Púbicas, Édgar Montaño, son algunas de las autoridades más cuestionadas por el ala «evista» y la oposición.