La Constitución Política del Estado garantiza el derecho de los ciudadanos a expresar libremente sus ideas y a ejercer el derecho a opinar, informar y acceder a información por cualquier medio de comunicación. Pero el Tribunal Supremo Electoral ha decido pasar por encima de esta norma y frenar la difusión de una encuesta electoral elaborada por el sistema de universitario del país, que revela la intención de voto para las elecciones de octubre próximo. Esta absurda decisión no solamente choca contra la legalidad sino contra el sentido común, ya que con los actuales avances de la tecnología esa información ya está en redes sociales y en conocimiento de la gente.
En esa encuesta, se señala que el candidato Evo Morales del Movimiento al Socialismo (MAS) tiene 31,1% de preferencia. Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, 24,9%, Hay seis puntos de diferencia entre el primero y segundo más votados, lo que obligaría a una segunda vuelta entre estas dos fuerzas. El candidato por Bolivia Dice No, queda en el tercer lugar con el 8%; Félix Patzi, candidato por el Movimiento Tercer Sistema con el 2,6%; el postulante por Unidad Cívica Solidaridad, Víctor Hugo Cárdenas, tiene un 1,8%. El canal universitario, así como agencias de noticias difundieron los datos, así como las redes sociales.
Lastimosamente, parece que, tanto desde el gobierno como desde el Órgano Electoral, no lograron asimilar que las libertades de prensa y de expresión son las herramientas que hacen posible sostener todas las demás libertades, y son también factores esenciales para descubrir la verdad. El Tribunal Supremo Electoral a través del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde), emitió un comunicado en el que pidió frenar la difusión de la encuesta elaborada por el sistema universitario, argumentando que se debe aclarar «las personas naturales o jurídicas responsables que encargaron, financiaron y realizaron la encuesta». Asimismo, señala que tiene observaciones al margen de error que se registra en el departamento de Pando, así como que las personas consultadas fueron 14.238 y no 14.472, como estaba previsto. La UMSA respondió al director del Sifde, Víctor Villalta Hinojosa, subsanando las observaciones realizadas, y luego Televisión Universitaria hizo conocer los resultados de la encuesta.
Corresponde recordar que Bolivia es país signatario de tratados y compromisos internacionales y entre ellos el Artículo 19 de la declaración Universal de los Derechos Humanos, que señala textualmente que «Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y de recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión».
A su vez, el Art. 106 de la CPE, garantiza el derecho a la comunicación y el derecho a la información. «El Estado garantiza a las bolivianas y bolivianos el derecho a la libertad de expresión, de opinión y de información, a la rectificación y la réplica, y el derecho a emitir libremente las ideas por cualquier medio de difusión, sin censura previa». Las nuevas tecnologías permiten al mundo y a los ciudadanos estar mejor comunicados e informados, pero nunca faltan gobiernos e instituciones que buscan coartar el derecho a conocer, a saber y por lo tanto a decidir. En este caso, hay una flagrante transgresión a la CPE al instruir una censura previa a la difusión de una investigación realizada para conocer la intención de voto de los ciudadanos.