Los intereses nacionales deben estar por encima de las rivalidades políticas, más aún cuando se trata del patrimonio nacional y de los recursos naturales, como el caso del manantial Silala, cuyas aguas fueron desviadas artificialmente hacia Chile, como antes se hizo con las aguas del río Lauca. Lamentablemente se ha desatado una suerte de críticas a la forma como se está defendiendo la demanda que Chile interpuso contra Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Se deplora no haber presentado una contrademanda.
Recordemos que el presidente Evo Morales anunció que se descartó presentar una contrademanda contra Chile por el diferendo del Silala, mientras que el ministro de Justicia, Héctor Arce, no descartó que en un futuro el Gobierno presente una contrademanda ante CIJ. Arce explicó a medios de comunicación que el diferendo con el vecino país se puede resolver tanto por la vía de una contra memoria o por la vía de una contrademanda, y que por cualquiera de las dos alternativas, Bolivia hará prevalecer los derechos nacionales.
El senador por Potosí, perteneciente a la bancada del MAS, René Joaquino solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores que explique por qué no se presentó una contrademanda contra Chile por el uso arbitrario de las aguas del Silala, señalando que el Estado está en la obligación de presentar argumentos técnicos jurídicos y sólidos en para defender la naturaleza de los manantiales y obtener un fallo favorable.
Varias personas preocupadas por el tema así como legisladores de oposición observaron que el Gobierno haya desestimado la presentación de la reconvención contra el Estado chileno, permitiría denunciar ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), el uso arbitrario de los manantiales y los trabajos de canalización artificial que se hicieron sin el consentimiento de Bolivia.
La preocupación de todo ciudadano sobre un tema de esta naturaleza es comprensible, pero al mismo tiempo debe tomarse en cuenta que existen canales idóneos para hacer cualquier acotación o aporte a los argumentos. Recordemos que los conflictos con Chile por las aguas del Silala y el desvío del río Lauca, tendrán una gravitación geopolítica muy sensible a corto plazo, debido a una serie de factores que tienen que ver con el valor estratégico del agua dulce.
Los desafíos para un mejor aprovechamiento y gestión del agua obligan a definir estrategias de adaptación para un efectivo desarrollo sostenible. Existe preocupación en los organismos internacionales por los riesgos de escasez del líquido elemento. Hoy en día, 1.600 millones de personas en el mundo viven en regiones donde la escasez de agua es absoluta, y se estima que esta cifra aumentará a 1.800 millones hasta el año 2025.
Esta realidad hace que el agua dulce sea cada vez más valorada y Bolivia tiene la obligación de velar por sus recursos naturales y el deber de defenderlos, pensando tanto en su aprovechamiento racional, como por la necesidad de ajustar su uso a las pautas y acciones para combatir el cambio climático y proteger el medio ambiente. Chile utiliza las aguas del Silala para la minería y el riego de campos que producen productos transgénicos. La ONU ha proclamado que el agua es tanto un derecho como una responsabilidad. Estudios especializados le asignan un valor económico, social y ambiental, por lo que cualquier actuación pública y privada está obligada a tener en cuenta esta triple dimensión.
El valor del Silala es muy grande tanto económicamente como en su función para mantener el ecosistema, porque se trata de una fuente de agua fresca, con un caudal de aproximadamente 200 litros por segundo que en este momento solamente beneficia a Chile, al haberse canalizado artificialmente sus aguas.
En el campo jurídico al que llevó el caso Chile, se trata de un tema muy delicado que debe ser manejado con un criterio profesional, diplomático y jurídico, que seguramente la misión boliviana ha tomado en cuenta, lo que no debe hacerse es mostrar discrepancias internas que podrían debilitar la posición nacional.